El Banco de Desarrollo de China (CDB, por sus siglas en inglés) y el Ministerio de Finanzas (MEF) acordaron el 12 de junio pasado, instalar una oficina conjunta, integrada por funcionarios designados por ambos organismos.

El objetivo es que una vez que concluyan las negociaciones y el crédito por $ 1.000 millones empiece a ser desembolsado desde el CDB, se puedan monitorear los proyectos que serán financiados por el denominado “tramo B”.

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Este tramo, según lo previsto por las partes, tendrá $ 200 millones y servirá para financiar los proyectos que la Secretaría de Nacional de Planificación (Senplades) considere prioritarios y que involucren a compañías chinas.

Entre los principales sectores que se tomarían en cuenta están el energético y el de infraestructura, aunque no se descarta a otros que garanticen capacidad de repago.

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Una fuente vinculada al frente económico del gobierno de Rafael Correa informó que en el acta suscrita por las autoridades ecuatorianas y chinas se establece como uno de los objetivos el desarrollo y la promoción de otros sectores como la minería, transporte, telecomunicaciones, vivienda y desarrollo social.

En el acta de reuniones –firmada por directivos del MEF, CDB, Petroecuador y Petrochina el 12 de junio pasado– se establece que los proyectos en los que haya participación de empresas chinas recibirán financiamiento del tramo B, que no deberá ser menor al 20% del crédito total; es decir, $ 200 millones.

Los $ 800 millones restantes son de libre disponibilidad. No obstante, el MEF deberá informar al Banco de Desarrollo de China sobre la utilización de estos fondos, así como comprometerse a no destinar ese dinero en temas prohibidos por el banco, como equipos nucleares y militares o armas.

La discusión y acuerdos sobre las funciones y operaciones de la eventual oficina conjunta –que servirá para el establecimiento de los mecanismos de selección de proyectos a ser financiados con dinero del “tramo B”– serán tareas del Ministerio de Finanzas y el CDB.

Las conversaciones están avanzadas, pero aún falta suscribir acuerdos para concluirlas.

En sus intervenciones públicas, el presidente Rafael Correa ha cuestionado las imposiciones de los organismos internacionales de crédito (como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial). Por ejemplo, los condicionamientos a contratar con asesores vinculados a esos organismos.

Durante la presente semana, este Diario intentó obtener la versión del ministro de Finanzas, Patricio Rivera, sobre este tema, pues el crédito asegura el financiamiento a las empresas chinas. Sin embargo, el funcionario dijo estar impedido de hacer declaraciones.

Varios analistas consultados, quienes prefirieron la reserva de sus nombres hasta que se pronuncien las autoridades, manifestaron que si bien es necesario continuar con las inversiones en sectores estratégicos, el régimen debe garantizar transparencia y hacer público el seguimiento que se haga del gasto destinado a los proyectos a ser financiados con el crédito del banco chino.