Samuel sale al pizarrón para reconocer en los dibujos que hizo a los compañeros que como él tienen discapacidad intelectual. Se ríe. Los señala y corre a sentarse para cantar la ronda infantil que entona la maestra Amparo Iturralde: Saco una manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar.
Samuel contagia de risa a todos. Su mente está libre de los conflictos que envuelven al centro en el que se educa y que amenazan su permanencia y la de más de 200 niños especiales, desde junio del año pasado.
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“Por la paz de los niños y de los padres, nosotros tenemos que salir de aquí. Lo más saludable es cambiarnos de lugar”, afirma Luisa Valdez, jefa de Educación Especial de la Dirección Provincial del Guayas.
La funcionaria se ha fijado como plazo máximo “hasta fines de julio” para trasladar el Centro Fiscal de Recursos y Apoyo a la Inclusión Educativa a un terreno que le han prometido en el norte de la ciudad.
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Este centro, creado en junio pasado y ubicado en el local del Club de Leones Urdesa Norte, fue escenario, en diciembre, de enfrentamientos que ameritaron la intervención policial. Dos grupos de socias leonas que han sido parte de la directiva del Club se acusan mutuamente de irregularidades en el manejo de la institución benéfica.
Las acusaciones se han ventilado desde hace dos años ante inspectores de trabajo del Ministerio Laboral, en la Fiscalía y actualmente en el Juzgado Primero de Garantías Penales de la Corte Provincial del Guayas.
“Están usurpando un local que no les pertenece..., la Dirección de Educación debe entregar las instalaciones a la actual directiva. Estamos dispuestos a continuar el convenio, pero la escuela es una parte y la sede social es otra”, dice Violeta Yáger Panizo, secretaria del Club y relatora de la segunda sala de lo civil de la Corte Provincial.
Ella cuestiona que la Dirección Provincial haya aceptado en comodato por 50 años el área de la escuela, terreno sobre el cual ya existía un comodato. El Club de Leones Urdesa Norte se construyó en un terreno dado por el Municipio de Guayaquil en el 2004 en calidad de préstamo por 25 años. Entonces, Eleuterio López presidía el Club y Yáger era síndica.
En esa sede se levantó también, con el apoyo de Yanbal y la fundación Olimpiadas Especiales, una escuela particular que se abrió con 40 niños en octubre del 2005 bajo la presidencia de Eva Freire en el Club.
No obstante, el permiso que tenía ese plantel para funcionar correspondía a una escuela regular y no a una especial, recuerda la jefa de Educación Especial, Luisa Valdez, quien insistió en que se corrija el error y que además se contrate a una directora permanente, pues la maestra designada Verónica Carvajal, socia también del Club, acudía dos o tres horas cada viernes. Carvajal salió de la dirección en agosto del 2008 y entabló una querella ante la Inspectoría de Trabajo contra la entonces presidenta del Club, Mariselva Bailón. La queja de Carvajal recibió el respaldo de las socias Violeta Yáger y Blanca de Freire, madre de la ex presidenta del Club, Eva Freire.
“Mi preocupación era latente, porque la compañera no venía a laborar, solo venía los días viernes a reunirse con las maestras”, dijo Bailón en la Inspectoría para justificar la decisión de cambiar de directora.
Bailón también decidió, en febrero del 2009, entregar en comodato por 50 años la escuela de niños especiales a la Dirección Provincial de Educación para que la administre y cubra los gastos de las docentes ante “la precaria situación económica que viene atravesando el Club”, según explicó en una carta al entonces director de Educación, Justo Díaz.
El comodato se firmó en abril del 2009 con la directora provincial Carmelina Villegas. Así nació el Centro Fiscal de Recursos y Apoyo a la Inclusión Educativa, el primero en la urbe.
Las acusaciones entre las socias leonas desembocó en varias denuncias por injurias. Una de ellas la instauró Blanca de Freire contra Mariselva Bailón y varios miembros de su directiva. El caso llegó a manos del juez Primero de Garantías Penales, Ángel Rubio, quien falló contra Bailón y aplicó una sentencia de pena suspendida, “modalidad que por ser de buena conducta se la condena a una prisión, pero no se la cumple”.
Este año, Blanca de Freire demandó a Bailón por daño moral y exige 300 mil dólares de indemnización. “Recién hay la petición y está calificada para el trámite”, señala Rubio Game.