Varias organizaciones de indígenas decidieron incluir, dentro de su agenda política y su plataforma de lucha, el cobro de la deuda que mantiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y buscar una mejora de la situación de la institución.

Esto, luego de que representantes de la Ecuarunari, la Fenocín y la Coordinadora Nacional Campesina participaron, ayer, en una reunión convocada por la asambleísta Nívea Vélez (ADE), presidenta de la Comisión de los Trabajadores.

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El objetivo de la cita era socializar el tema de la nueva Ley de Seguridad Social y generar alertas sobre la situación actual del IESS.

Durante la reunión, la asambleísta Nívea Vélez explicó a la dirigencia la problemática sobre la deuda del Estado al IESS, cuyo monto está rodeando los $ 5.000, tomando en cuenta la deuda del 40% de pensiones, las prestaciones médicas y el déficit actuarial.

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De acuerdo a documentación recibida por la Comisión por parte del IESS, la deuda entre octubre del 2008 y diciembre del 2009 es de 773,5 millones de dólares.

Dentro de este rubro se cuenta el 40% de pensiones jubilares del IESS, pero también aportes adeudados al Seguro Social Campesino (SSC).

Según la documentación que maneja la Comisión, la deuda en el Seguro Campesino llega a los $ 32,9 millones.

Luis Contento, vicepresidente de la Ecuarunari, explicó que hasta este momento no habían hecho un pronunciamiento oficial sobre la deuda del Estado con el IESS.

Sin embargo, ahora se ha decidido exigir que Ramiro González, presidente del Consejo Directivo del IESS, comparezca ante la Asamblea Nacional para que explique los manejos del dinero del Seguro Social.

Además, explicó que el próximo 16 de junio se realizará un taller al cual están invitadas todas las organizaciones relacionadas con el IESS (jubilados, trabajadores, afiliados) para conocer el tema de la ley y el tema del cobro de la deuda.

Entre tanto, ayer el asambleísta de Sociedad Patriótica, Fernando Aguirre, anunció que presentará la siguiente semana ante el Fiscal de la Nación una demanda formal por negligencia en la protección de los bienes empeñados en el monte de Piedad.

Según dijo, por lo menos 5.000 familias se han visto afectadas por la falta de pago oportuno de los reembolsos, tras el atraco que se perpetró el 5 de abril pasado en el Monte de Piedad de Cuenca.

El pasado martes un grupo de jubilados de Guayaquil realizó una protesta para exigir el aumento de pensiones.