Miembros del Movimiento Indígena y campesino de Cotopaxi (MICC) designaron ayer a tres representantes para que defiendan la tesis de la justicia indígena, aplicada como método de limpieza y purificación.
Luego de una reunión con sus miembros se delegó a los abogados indígenas Raúl Ilaquiche, Álex Alajo y Carlos Poveda para que defiendan la justicia aplicada, según esa organización, en el castigo a Orlando Quishpe, presunto asesino de Marco Olivo, y a los cuatro supuestos cómplices.
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Maritza Salazar, integrante del MICC, explicó que la actuación de los abogados es para defender la justicia indígena, pues ellos sostienen que los cinco implicados en la muerte de Olivo ya fueron juzgados y que no podrán ser sentenciados nuevamente, esta vez por la justicia ordinaria.
Los abogados también se encargaron de seguir el estado del proceso penal ordinario, para estar atentos a que no se enjuicie penalmente a los dirigentes de La Cocha de Zumbahua, quienes castigaron a los ahora cinco detenidos, y que a criterio del Gobierno Nacional y de la Fiscalía General del Estado secuestraron y torturaron a los acusados.
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Raúl Ilaquiche, especializado en justicia indígena, es esposo de la asambleísta de Pachakutik por Cotopaxi, Lourdes Tibán, quien impulsó la creación de las fiscalías indígenas en el país.
Mientras que Álex Alajo fue comisario nacional de policía y el primer fiscal indígena de Cotopaxi.
Carlos Poveda es asambleísta alterno de Tibán, fue candidato a diputado por Pachakutik y juez de lo penal.
Los dirigentes del movimiento indígena señalaron que estarán atentos a todas la acciones que se registren en el caso de La Cocha, mientras que Raúl Ilaquiche, quien además escribió un libro sobre justicia indígena reconoció que hace falta una ley secundaria que concilie la justicia ordinaria con la justicia indígena.
Refirió que a pretexto de la violación de los derechos humanos que supuestamente cometieron en los hechos suscitados en La Cocha, el tema se ha politizado.