En La Cocha se impuso justicia indígena contra presunto asesino

Pese al pedido del Gobierno y la Fiscalía, dirigentes indígenas impusieron castigos físicos.Orlando Quishpe está desnudo. Aparece una semana después de haber sido castigado. Carga un saco de tierra y por un altoparlante pide perdón: “Pido al pueblo que me disculpe, pero yo nunca he matado a nadie”, dice con una voz llorosa.Un dirigente toma el micrófono y habla en quichua. Orlando, entonces, da vueltas frente a un círculo de al menos cuatro mil indígenas concentrados en la comunidad La Cocha, de Zumbahua (Cotopaxi).“Asesino, yanashca, asesino”, grita María Luisa Pallo, madre de Marco Olivo, muerto hace diez días, supuestamente por Orlando, en el centro de la parroquia Zumbahua. Orlando ha dado cuatro vueltas, son las 16:00 de ayer.La justicia indígena se impone en esta comunidad cotopaxense del centro de la cordillera occidental de Los Andes. Lo hecho y dicho antes queda atrás. Orlando Quishpe, presunto asesino de Marco Olivo, no irá a la cárcel, no va a manos de la Policía, ni a cargo de los fiscales ni los jueces. “Esa justicia es corrupta, no hace nada, no sirve”, afirma un dirigente y se hacen eco otros, media hora antes del inicio del castigo.Orlando termina el recorrido y es amarrado en una especie de patíbulo hecho con palos. El hombre está sentado sobre filudas piedras. En ortiga que pica y causa laceraciones. Decenas de mujeres que asisten a este ritual lloran. “Es duro estar aquí, el mundo da vueltas y a cualquiera (le) puede pasar”, dice una. Y todas lloran. El llanto contagia, las lágrimas brotan.Pasan cinco minutos. Orlando grita cuando tres mujeres le lanzan agua helada: “¡Ayyyyy!, ¡ayyyyay!”. Y luego caen más azotes de ortiga. “¡No te dio pena matar!”, grita Jaime Olivo, hermano del fallecido. El ortigueo sigue, el llanto también.“¡Ya basta!”, exclama uno de los casi 200 comuneros que llegaron de Guantopolo, la comuna de Orlando. Otros gritan igual. Diez hombres de La Cocha se les acercan con unos palos, amenazantes.El cuerpo de Orlando está lacerado, enrojecido. “Dios ha de juzgar, ha de demorar pero ha de hacer justicia”, llora una indígena de Guantopolo.Veinte minutos antes, en un altoparlante se divulgó la resolución, debatida por unos 40 delegados de La Cocha, de Guantopolo y otras 20 comunidades, así como los familiares de Orlando y de Marco Olivo. Se mencionó el artículo 171 de la Constitución, que garantiza la justicia indígena; se anunciaron pedidos para que se norme este tipo de justicia.Además del castigo corporal que, según Ricardo Guanotuña, concejal de Pujilí por la parroquia Zumbahua, es un acto de purificación, Quishpe es expulsado de Zumbahua durante cinco años. Su familia pagará una indemnización de $ 1.750, que se destinarán a la madre de la víctima, María Luisa Pallo.Los cinco supuestos cómplices del delito, juzgados hace una semana, debieron cancelar $ 5.000 a La Cocha.En el aula de la escuela, desde las 10:00 se había expuesto un video donde se escuchan las versiones de los acusados.Junto a la pared permanecían los familiares de Marco Olivo. Su hermano, el abogado Jaime, estaba en la mesa directiva. Ellos vestían ropa negra. Una de sus hermanas miraba una foto de su hermano, en vida. La apretaba contra su rostro y lloraba.“Yo acepto la justicia indígena, creo que es justo, pero yo no nunca maté a nadie”, dice Orlando Quishpe en el video. No obstante, en esa misma grabación relata minutos antes la forma en que ató las manos de Olivo y acepta que colocó el cinturón en el cuello de la víctima, que apareció colgada de un poste en la plaza de Zumbahua.Antes del inicio del proceso de juzgamiento, a las 09:55, unos 200 comuneros de Guantopolo llegan a La Cocha. Acompañan a los familiares de Orlando Quishpe.De pronto, un grito lastimero se escucha: “Rocoto (insulto quichua), yanashca (maldecido, renegrido), asesino”. Lo pronuncia una mujer vestida de negro mientras, amenazante, levanta un palo hacia los 200 de Guantopolo. Es María Luisa Pallo, madre del asesinado.“Queremos que se haga justicia indígena, pero que no torturen. Si se les pasa la mano, ahí verán lo que sucede”, dice un joven de Guantopolo. Otro lo calma: “No queremos enfrentamientos”.Son las 16:37, van más de cuarenta minutos desde el inicio del castigo. Orlando sigue sentado en las piedras y la ortiga, amarrado de manos. Dos pastores evangélicos y un dirigente de La Cocha han tomado casi 15 minutos para dar consejos.Y llegan los látigos.Los delegados de las comunas siguen. Un latigazo cada uno.Ricardo Chaluisa, presidente de La Cocha, también lo hace. Al inicio del juzgamiento y como aclaración a la prensa él había dicho: “El señor Orlando Quishpe ha estado trabajando. Nosotros respetamos la Constitución, las reglas de la comunidad, los derechos humanos. Está con chequeo médico y hasta el cura lo ha confesado”.Y citó una frase de Tránsito Amaguaña para reiterar que la justicia indígena seguirá en la comunas: “Somos como la paja del páramo. Así nos arranquen o quemen esta retoñará con más fuerza”.

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