Ante la retención de Orlando Quishpe (acusado de crimen) por la comunidad La Cocha, el ministro Gustavo Jalkh dijo que la Unidad Antisecuestros de la Policía podría intervenir, pues la retención es una violación de los derechos humanos...
Lo que pasa es que existe una convulsión social, no hay credibilidad en la justicia común. Tuve un acercamiento con los familiares del muerto  y me decían que si va a la justicia común, en seis años (Quishpe) estaría fuera de la cárcel. Pero nuestra posición política es que cuando hay un dictamen en la jurisdicción indígena, la justicia común tiene que acatar. Pero el dictamen (de La Cocha) creo que están cambiando para entregar (a Quishpe) y que cumpla los 25 años de prisión.
 
¿Qué ha hecho la dirigencia para contar con la ley que debe coordinar la justicia indígena con la ordinaria?
Hay un equipo de las nacionalidades que está trabajando sobre los distintos sistemas de justicia. Con la asambleísta Lourdes Tibán estamos recopilando estos datos para aglutinar y unificar en un anteproyecto de ley que irá a la Asamblea.