Pedro X.Valverde Rivera
A propósito de la pugna actual entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo Nacional de la Judicatura, he considerado oportuno comentar con usted, amigo lector, ciertos conceptos importantes para entender, en alguna medida, la trascendencia que tiene tal conflicto para los ciudadanos.
La Función Judicial es una de las principales responsabilidades del Estado; diríamos que es de la esencia de la existencia del Estado.
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En esta columna hemos repetido, en varias ocasiones, que un Estado en el cual la administración de justicia no funciona, es un Estado que no justifica su existencia.
Y la verdad, en Ecuador el Estado está en deuda con sus ciudadanos en este aspecto.
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¿Responsables?
Muchos políticos, muchos jueces, muchos profesores, muchos empresarios y muchos ciudadanos.
¿Por qué?
Porque nuestras universidades, con honrosas excepciones, no proporcionan a sus estudiantes las herramientas jurídicas y éticas necesarias para un ejercicio depurado de la abogacía.
Porque los políticos no asignan a la Función Judicial los fondos suficientes para remunerar dignamente a los administradores de justicia.
Porque los profesionales mal formados y mal remunerados son presa fácil del tráfico de influencias de los políticos (padrinos de turno) y de las coimas de los ciudadanos y empresarios, que buscan una justicia a la medida de sus intereses y no tienen la cultura del respeto a la ley.
No habría compra de jueces si no existiere el ciudadano interesado en un fallo que proporcione el dinero para la comisión del delito.
No habría jueces incompetentes, si no hubiere políticos que muevan sus tentáculos para designarlos a cambio de favores en el futuro.
Entonces, ¿de quién es la culpa?, ¿de los jueces nomás?
Y entre las recientes formas de meter los tentáculos en el máximo tribunal de justicia del país, a través del Consejo de la Judicatura, se pretendería descabezar a magistrados no por faltas disciplinarias, sino porque no les habría gustado la forma en que estos emiten sus fallos.
¿Qué hay detrás de esto?
¿Será que esta Sala de lo Penal es muy importante y se busca relevar a estos magistrados para en su lugar designar a otros que se alineen a los designios de la revolución?
Nos prometieron manos limpias; nos prometieron un nuevo estilo de hacer política; nos prometieron democracia verdadera, independencia de poderes y transparencia.
¿Y qué tenemos?
Las mismas prácticas de la tan criticada partidocracia.
Si los fallos no les gustan, sea porque perjudican los intereses de la revolución, o son mal vistos por la opinión ciudadana (que generalmente no entiende de leyes ni de procesos judiciales) pues, entonces, ruedan cabezas.
Sí hay buenos jueces; sí hay jueces honestos; sí hay jueces independientes.
Pero en la medida en que este tipo de aberraciones se siga produciendo, cada día serán menos los que quieran asumir tan importante función.
Puede tratarse de un aparente contumaz violador, narcotraficante o asesino, que si no hay pruebas suficientes y legalmente actuadas en el proceso, la sentencia deberá ser absolutoria en derecho.
¿Quién falla en estos casos?
La Policía, la Fiscalía o las partes. Pero el hacha cae sobre los jueces.
Siempre incomprendidos y en el Ecuador, mal remunerados.
Estaremos vigilantes de lo que suceda en este caso.