QUITO
.- Con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana en la justicia, a partir de mayo los jueces y fiscales se someterán a un proceso de rendición de cuentas semanal, que será impulsado por el Consejo de la Judicatura, a pedido del Ministerio de Justicia.
La intención será conocer en detalle el avance de los procesos y el contenido de las sentencias que tramiten, y acabar con la impunidad y la demora de los juicios.
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La rendición de cuentas se efectuará en forma paralela a la auditoría al sector, que disponen las nuevas reformas a los Códigos Penal y de Procedimiento Penal. Esta última estará a cargo de una empresa auditora independiente.
Según el ministro de Justicia, José Serrano, la evaluación del trabajo semanal se enmarca en el plan de emergencia que se aplicará desde mayo en todas las judicaturas.
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Este incluye un enfoque del trabajo en cuatro ejes prioritarios para el sector: derechos humanos, coordinación interinstitucional, desarrollo normativo y rehabilitación social de los privados de la libertad.
Con la evaluación, agregó, se conocerá cómo y cuantos procesos se despachan y el número de providencias que se emiten; mientras, en el caso de los fiscales, se conocerá el número de audiencias a las que asistieron, tomando en cuenta que el 40% de estas diligencias son fallidas por la falta de fiscales.
Los informes determinarán sanciones a los servidores judiciales que actúen de manera irregular. "Obviamente el gobierno respeta la autonomía, pero ese respeto requiere exigir resultados", dijo.
Según el vicepresidente de la Judicatura, Max Ulpiano Salazar, el organismo tiene los mecanismos necesarios para emprender el proceso de evaluación que hace décadas ya era aplicado. Aunque dijo que su implementación requiere preparar el sistema informático del sector, para interconectar a nivel nacional las judicaturas y lograr un control detallado del trámite procesal, considerando que el Consejo tiene competencia para juzgar disciplinariamente a los jueces y funcionarios judiciales y fiscales.