Autoridades de la Universidad de Guayaquil, en actitud abusiva han ordenado ahora nuevos e injustos ataques a sus jubilados, que por ser en su mayoría personas de edad avanzada, poco o nada pueden hacer para defenderse.

Durante más de seis meses –de enero a julio del 2009– mantuvieron impagas las pensiones de jubilación basándose en interpretaciones antojadizas de los decretos ejecutivos, dictados para regular este pago en otras instituciones del Estado. El propio Ejecutivo aclaró que tales decretos no tenían aplicación para las universidades, y ordenó pagar las pensiones suspendidas arbitrariamente, para que se termine el calvario impuesto a tantas personas de la tercera edad que tienen garantizado en la Constitución un trato preferente.

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Posteriormente cometieron un nuevo abuso. Suspendieron dicho pago por otros seis meses –de julio a diciembre del 2009– aduciendo las autoridades universitarias que no tenían fondos económicos; sometiéndose otra vez a los jubilados a una situación de angustia por no tener plata para alimentarse y comprar sus medicamentos.

En enero del presente año 2010, las autoridades universitarias decidieron pagar las pensiones suspendidas, pero reduciéndolas a la mitad en su mayoría, y en algunos casos a cifras tan insignificantes como $ 12; ocasionando desconcierto y sufrimiento a los jubilados por la  actitud miserable y desconsiderada de darles la mínima cantidad posible.

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Ahora los representantes de la Alma Máter han resuelto eliminar el pago de las pensiones a  nosotras, las viudas de los jubilados, y a los hijos menores o discapacitados, que habían venido recibiendo ese derecho reconocido por la propia Universidad.

Conocemos también que han ordenado suprimir el decimocuarto sueldo que debe entregárselo a fines de marzo,   que todos los años lo recibía el personal de activos y jubilados, según las disposiciones de nuestra Constitución vigente. Les recordamos a dichos directivos lo que dice el segundo párrafo del artículo 8: “Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos”.

Amarilis Macías Romero viuda de Reinoso,
Guayaquil