La imagen del fiscal Washington Pesántez en las encuestas se ha visto afectada tras el accidente de tránsito en el que se vio involucrada su esposa, Aliz Borja, y las denuncias de un grupo de asambleístas de PAIS, que lo acusan de supuestos actos de corrupción.
En un sondeo realizado el 27 y 28 de febrero pasados por la firma Perfiles de Opinión en Quito y Guayaquil, el 63,5% de los consultados respaldó el juicio político.
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Aunque las investigaciones aún no terminan y la Fiscalía absolvió a Aliz Borja, el 61% consideró que la esposa del Fiscal era culpable del atropellamiento y muerte de la colombiana Natalia Emme, el pasado 14 de enero. El 28% dijo que es inocente y el 10,6%, que no conoce del tema.
El 56% señaló que la justicia actuará en forma parcializada en las investigaciones (en favor de Borja) y el 41%, que habrá un tratamiento imparcial.
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Según el asambleísta Virgilio Hernández (PAIS), en el proceso se demostrarán las violaciones a la ley y a la Constitución del Fiscal.
Este Diario conoció que Pesántez también tiene encuestas sobre su situación política actual, pero que las mantiene en reserva.
En la encuesta de Perfiles de Opinión también se muestra un deterioro en la imagen institucional de la Fiscalía, con 10,2% de credibilidad en Quito y Guayaquil.
Según Paulina Recalde, directora de la encuestadora, debido a la debilidad de la institucionalidad del país no se puede separar la imagen de la Fiscalía con la de su autoridad (en este caso, Washington Pesántez); por lo que la credilibidad del organismo es la de su titular.
Al 6 de febrero pasado, una encuesta de firma Informe Confidencial, registró que el 77% de encuestados en Quito y el 72%, en Guayaquil, calificaban de muy buena y buena la labor de Pesántez.
De acuerdo con Recalde, el escenario se clarificará luego del juicio político al Fiscal, que tiene varios factores que lo rodean y que también inciden en la opinión pública.
Un ejemplo de aquello es que el mandatario Rafael Correa tomó posición a favor de Pesántez y colocó en una situación incómoda a la Asamblea y a sus legisladores al pedirles que renuncien a su inmunidad para seguir en el caso. “El Presidente debe saber que el capital político no puede endosarse para fortalecer a Pesántez”, dijo.
Los asambleístas que acusan a Pesántez consideran que el trámite para el juicio puede durar alrededor de un mes.