Con la noticia fresca sobre el terremoto ocurrido en Chile, Lupe Abril, de 48 años, quien la mañana del martes pasado pugnaba por un cupo para gastroenterología en medio del armatoste de paredes de cemento, dice no querer imaginarse lo que pasaría, ni qué es lo que haría en caso de ocurrir un sismo.
“El hospital tiene un índice que es muy alarmante”, advierte Isabel Morales, coordinadora general de la casa de salud, al comentar que a esa conclusión llegó tras un estudio para medir los índices de vulnerabilidad, emprendido como parte del programa Hospitales Seguros que promueve la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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“Tenemos 36 años de construcción, el suelo cede en ciertas partes, eso significa que en algún instante pudiéramos colapsar”, dice la funcionaria.
La inspección hecha el año pasado determinó que el área de fisiatría está entre las partes más vulnerables donde hay un asentamiento. Se considera necesario, entre otras medidas, cambiar todos los vidrios, celosías y, sobre todo, reforzar estructuras del hospital que a diario, solo en emergencia, atiende a mil pacientes y donde los recursos para estas obras se desconocen.
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En el hospital con capacidad para 254 camas, Morales comenta que en caso de una emergencia se habilitaría un canchón en la parte posterior para la atención a las víctimas. Al momento se ha comenzado con la capacitación a más de 200 personas y continuará hasta concluir con los 1.200 empleados.
Pero no solo es este hospital, otros establecimientos de salud en el país también están en la misma situación, en particular las edificaciones antiguas que tienen un alto grado de vulnerabilidad, porque no contaron con los controles antisísmicos del Código de la Construcción, explica Lorena Gómez, directora nacional de la Diplasede (Dirección de Planeamiento para la Seguridad Nacional).
Aunque no existe una evaluación de la estructura hospitalaria en el país, salvo en algunos como el hospital Eugenio Espejo, en Quito, o San Vicente de Paúl, en Riobamba, Gómez refiere que en cada provincia se trabaja en un diagnóstico de vulnerabilidad a fin de tomar medidas de reforzamiento.
El riesgo es latente en la franja costera y desde el centro hacia el norte del país, provincias como Tungurahua y Chimborazo, por ejemplo, registraron el nivel más crítico, 4, según el Código de la Construcción.
El proyecto Radius en Guayaquil, en julio de 1999, determinó que en caso de un escenario sísmico hasta el 75% de los hospitales podrían quedar no operativos por la vulnerabilidad de la planta física.
Desde ese año esta información no ha sido actualizada. Según el Municipio se está organizando una planificación de prevención de riesgos en conjunto con los colegios de Arquitectos e Ingenieros Civiles, Cámara de la Construcción y la Corporación de Seguridad Ciudadana. En los próximos días se dará a conocer el estado actual de las edificaciones, la planificación y sugerencias relacionadas con el tema de riesgos, indica el departamento de prensa del Municipio.
En esa situación también están establecimientos educativos que no tienen control antisísmico y que amerita un estudio, considerando que en caso de un sismo miles de niños y jóvenes podrían ser afectados a consecuencia del colapso de las estructuras mal diseñadas, refiere Patricio Placencia, quien trabaja en el laboratorio de la vivienda en la Facultad de Ingeniería de la Escuela Politécnica.
Pero el riesgo por estructuras antisísmicas afecta además al 60% a 70% de inmuebles antiguos y, en particular, al crecimiento de la construcción informal, afirma el director del Instituto Geofísico, Hugo Yepes.
En efecto, según un inventario de estructuras que incluye el proyecto Radius, de los 15.236 inmuebles mixtos de madera y bloque de uno a seis pisos, los más vulnerables son 449 de uso comercial, de igual forma 167 de uso comercial de un total de 7.355 inmuebles de madera o mixtos, entre otros tipos de construcciones analizadas.
“Terminar la elaboración del código ecuatoriano de la construcción urge para que se convierta en ley y haya un mayor control de las construcciones”, recalca Hermel Flores, presidente de la Cámara de la Construcción de Quito, gremio que en convenio con el Miduvi trabaja en la actualización de este código, en el que participan investigadores de universidades del país, consultores, expertos nacionales y extranjeros.