El 18 de febrero decidí junto con mi familia conocer la Playa Rosada, situada en la Ruta del Spondylus, en la península de Santa Elena, y luego de recorrer 30 minutos un camino casi inaccesible lleno de piedras, baches y polvo, nos encontramos con la sorpresa de que el portón que nos dirigía a la misma se encontraba cerrado con cadenas y candado.

 Después de procesar en mi cabeza la situación (no sabía que la playa era “privada”) y de decepcionarme por no poder disfrutar de la hermosura de nuestros paisajes, noté que frente al portón cerrado se encontraba una casa con la misma puerta de ingreso a la Playa Rosada, con igual tipo de candado y cadena y un enorme letrero que decía: “Propiedad privada y acceso restringido”, y una valla del gobierno provincial de Santa Elena.

 Dentro de la misma propiedad había un carro de camuflaje del Estado y en el balcón un señor que descansaba en una hamaca; al preguntarle por qué se encontraba cerrada la playa, respondió que era porque ya se había terminado el feriado y ya no hay comercio “abajo”; y que “el señor que tenía las llaves en su poder regresaba el fin de semana para abrir”; pero que podíamos ir a pie (¡dejar botado el carro en un sitio totalmente baldío!) por un sendero sumamente peligroso y empedrado. ¡Qué decepción!, no poder disfrutar de una playa que nos pertenece a los ecuatorianos, porque unos cuantos creen tener poder y control ahí. El único modo de acceso que tuve fue dirigirme hasta Ayangue y tomar un bote privado, para no quedarme con las ganas de ir hasta la Playa Rosada.

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Esa mañana no fuimos los únicos en recibir el “balde de agua fría” porque la playa estaba cerrada con cadenas; una señora y dos niños caminaron desde el sector Monteverde, por casi una hora, para regresarse a pie y bajar por el sendero, con el riesgo de sufrir una caída. ¿No se supone que “la patria ya es de todos”?, ¿solo es para los que tienen en su poder las llaves de acceso? ¿Cómo podemos fomentar el turismo en nuestro país si hasta las playas tienen “dueños? ¿Qué pasó con la Constitución del Ecuador y su artículo 375 apartado 8, de que se “ garantizará y protegerá el acceso público a las playas de mar y riberas de ríos, lagos y lagunas, y la existencia de vías perpendiculares de acceso. El Estado ejercerá la rectoría para la planificación, regulación, control, financiamiento y elaboración de políticas de hábitat y vivienda”.

Y en cuanto a mis fotos, quedaron en eso, ya que mis hijas son pequeñas para exponerlas a un viaje en un pequeño bote mar adentro. Hago un llamado a las autoridades de que tomen cartas en el asunto. ¡No se puede privar a los ecuatorianos de ingresar a sus propias playas!

Karla Paola Sosa Meza,
Guayaquil