Para alcanzar desarrollo de la educación

En consideración a lo dispuesto en la Constitución de la República, en el título II de los Derechos, Sección Quinta, Educación, artículo 26, se indica: “La educación es un derecho de las personas y un deber ineludible e inexcusable del Estado”.

De acuerdo a la Sección Cuarta, Cultura y Ciencia, artículo 22 del mismo cuerpo legal: “Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa...”.

Y el artículo 27, último párrafo, dispone que la educación “es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, la construcción de un país soberano y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”.

Para ejercer la creatividad es necesario tener libertad de pensamiento.
Cuando más tratamos de influenciar a nuestros semejantes con sofismas (o lo que es lo mismo, con verdades que no lo son) estamos conspirando contra la creatividad.

Tan importante es esta actitud que Einstein,  célebre autor de la teoría de la relatividad, dijo en su época: “La imaginación es más importante que el conocimiento”. Tal actitud es extremadamente importante en los procesos de investigación. Adicionalmente, la misma es concurrente, complementaria a la investigación y a la formación educativa que tenga el investigador; por esta razón uno de los objetivos fundamentales que deben tener los gobiernos es promover los centros de investigación y las becas para especialización de profesionales.

 Esto no significa la clásica posición del segmento educacional en que sus “directivos” se mantienen sin propagar por los medios de comunicación qué investigaciones están en proceso, cuáles son sus avances, y qué facilidades académicas y económicas hay para quienes deseen dedicarse a la investigación. En la administración de  conocimientos, una de las vías para promover la investigación la tienen los colegios profesionales, y para que se incentive el campo de la investigación unos vienen desarrollando los centros de actualización de conocimientos para profesionales ya formados, cuyos cursos se promocionan y se presentaban económicamente accesibles. En el caso de  ingenieros civiles  se sustentaban con la Ley de Escalafón que servía para objetivar los fines de investigación, actualización de conocimientos y competitividad de los profesionales nacionales con los extranjeros; que utilizando el pretexto de politización un ex presidente de la República lo derogó, pero con “excepción” del 1% de las obras, que su gobierno lo utilizó para balancear demagogias. El que vino después parece que tomó la posta. Aún se puede rectificar.

Salvador C. Loffredo Autheman,
ingeniero civil, Guayaquil