La Defensoría del Pueblo abrió un expediente para investigar la “protección de los derechos de la naturaleza, de las personas y comunidades a la conservación de los ecosistemas, medio ambiente y biodiversidad” en la isla Santay.

Esto, después de que la Santay, reconocida desde octubre del 2000 como humedal ramsar (de importancia ecológica internacional), se convirtió en escenario de pugna entre el Gobierno nacional y el Municipio de Guayaquil, a partir de la decisión del presidente Rafael Correa de “recuperar la isla”, actualmente administrada por la Fundación Malecón 2000, entidad presidida por el alcalde Jaime Nebot.

Carlos Villacreses Pincay, Delegado de la Defensoría del Pueblo, solicita   que la fundación le remita certificación y documentos que la acrediten como administradora del fideicomiso mercantil de la isla.

También, que entregue información sobre los planes y proyectos, elaborados o por ejecutarse, su financiamiento y origen de los fondos que solventan la administración que ejerce.

En forma paralela, se sigue el proceso para sugerir que la isla se sume a las 40 áreas protegidas del país y trasladarla al Ministerio del Ambiente.