Indemnización a militar al que no permitían ascenso

Según un fallo de la Primera Sala de la Corte Constitucional (CC), tres ex presidentes de la República y el actual mandatario, Rafael Correa, en su condición de comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, y otros jefes militares deberán responder  al perjuicio de más de $ 500 mil que se habría irrogado al Estado, cuando en el   2001 le negaron  el ascenso a general de brigada dentro de la Fuerza Terrestre al  coronel José Alfredo Mejía Idrovo.

Ellos son: Gustavo Noboa Bejarano, Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio.
Según la defensa de Mejía Idrovo, la CC resolvió el pasado 8 de octubre, la demanda de acción por incumplimiento frente a la negativa de los ex jefes de Estado y mandos militares a acatar la orden de ascenso, durante casi nueve años.

Con esa disposición, la CC aplicó el principio constitucional de la repetición, que obliga a los funcionarios públicos a pagar el perjuicio económico generado al Estado, debido a su inobservancia.

La resolución de la CC, que confirmó el fallo expedido en el 2002 por el antes Tribunal Constitucional (TC), ordenó al presidente Correa, al comandante de la Fuerza Terrestre, Ernesto González; y al ministro de Defensa, Javier Ponce, cumplir con la reincorporación inmediata de Mejía desde la fecha en la que el antes TC declaró la inconstitucionalidad de los decretos ejecutivos que lo pusieron en situación de disponibilidad, para darle de baja.

Además, ordenó el pago de los sueldos que dejó de percibir desde el 12 de marzo del 2002, fecha en que el TC falló a su favor, hasta su reincorporación a la Fuerza Terrestre, y el inicio de acciones administrativas y judiciales para hacer efectivo el derecho de repetición.

También dejó a salvo el derecho de Mejía para ejercer las acciones legales relacionadas con las indemnizaciones no señaladas en la resolución.

Ese fallo aún espera de la CC el trámite y resolución de un pedido de aclaración y ampliación que planteó la defensa de Mejía, para que se determine si los responsables del incumplimiento deberán reparar el daño económico al Estado y el que le ocasionaron las autoridades militares que pidieron los decretos que determinaron su disponibilidad y posterior baja.

De acuerdo con los cálculos, los valores que le corresponderían cobrar como liquidación de las remuneraciones, cesantía y proyección de pensiones por esperanza de vida alcanzarían un monto de $ 358.033, rubro que subiría a alrededor de $ 500 mil con la indemnización de daños y perjuicios.

Reintegro
En los últimos años, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo conminaron al ex ministro de Defensa, Wellington Sandoval, y al comandante de la Fuerza Terrestre, Ernesto González, para que se dé cumplimiento a la resolución del TC y reintegre a Mejía.

Reclamo
El reclamo por la negativa de las autoridades civiles y militares a cumplir su ascenso pasó  a ser un proceso acogido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que declaró al Estado responsable de la violación de las garantías judiciales de  Mejía.