Miguel Palacios, presidente de la Junta Cívica de Guayaquil, indicó esta mañana que las instituciones que supuestamente deben velar por la justicia y la democracia en el país, son ilegales.
Y agregó que las leyes que nacen de estas instituciones tambien son ilegales porque están fuera del contexto constitucional.
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La Junta Cívica de Guayaquil (JCG) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington una demanda contra el Estado ecuatoriano por la “inconstitucionalidad” que vive el país después de todo lo actuado por la Asamblea de Montecristi.
Palacios alega que hay una serie de hechos que lo demuestran como por ejemplo, dijo, que el Presidente de la República, cuando se posesionó, no juró respetar la Constitución.
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También asegura que cuando el antiguo Tribunal Constitucional culminó sus labores se prorrogó y cambió de nombre, y que la Corte Suprema de Justicia, para nuevamente reintegrarse lo hizo mediante un sorteo y "como no tenían jueces porque habían renunciado al sorteo, subió a los conjueces, lo cual es ilegal y de esa manera se autoprorrogó en funciones".
En diálogo con Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil), Palacios dijo que la Asamblea, cuando terminó su tiempo en Montecristi, se prolongó mediante la creación de un Congresillo, "que no estaba en la Constitución, y por lo tanto, las leyes que de ahí salieron son ilegales".
Añadió que luego la Asamblea se dio un plazo para legislar ciertas leyes, tiempo que no se cumplió, lo que, a criterio de Palacios, significa que las instituciones que supuestamente deben velar por la justicia y la democracia son ilegales.
Por lo que indicó que con esta demanda se busca que un organismo internacional haga que el Gobierno ecuatoriano revea estas leyes y actos inconstitucionales de las instituciones vigentes para que se vuelva al estado de derecho y se comience a hacer las cosas nuevamente según manda la Constitución.