La Asamblea Nacional retomó hoy –a partir de las 09:00– el debate del proyecto de Ley de Educación Superior.
El documento, que contiene 221 artículos y 33 disposiciones transitorias, genera discusión por la integración de un consejo de educación que normará al sistema, y que estará integrado por cuatro representantes del Ejecutivo, seis académicos y uno del sector de estudiantes.
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En entrevista con Citynoticias (89.3 FM Guayaquil), Gioconda Saltos, asambleísta de Sociedad Patriótica (SP), aseguró esta mañana que con esa integración la educación superior quedará ligada al poder Ejecutivo, a los gobiernos de turno y no será considerada como una política de Estado.
Otro de los puntos en discusión es la autonomía universitaria. Para la bancada del oficialismo de PAIS las universidades deben rendir cuentas sobre los recursos que reciben de parte del Estado. La legisladora Rossana Alvarado explicó que en América Latina, Ecuador y Bolivia son los únicos países en donde las universidades se escapan de la regulación. “Si es un derecho, debe ser custodiado por el Estado”, sostuvo.
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Mientras que César Montúfar, de Concertación Nacional Democrática, indicó que ese proyecto de ley es lesivo a la autonomía universitaria. “Pese a múltiples insumos presentados, se crearía la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, un Ministerio más, con capacidades reglamentarias. Si tienen o no que estar los rectores en el órgano de control debe determinarlo la comunidad universitaria, no un ministro”.
A este debate en las últimas semanas se agregó un ingrediente más: el informe de la evaluación de universidades y escuelas politécnicas, presentado por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (Conea), en el cual se clasificó a esos centros según su calidad académica y se recomienda depurar a 26 universidades.
La asambleísta Mao Moreno (PAIS), integrante de la comisión legislativa de Educación, explicó que dicho informe “es un referente, pero pueden haber otros más”.
Añadió que una vez que en el pleno de la Asamblea se concluya el debate, la comisión iniciará nuevamente el trabajo con la inclusión de nuevas propuestas. En ese proceso confía en que en menos de 45 días se tenga listo el informe para el segundo debate del proyecto de ley en el pleno.
Acciones legales
Las universidades aludidas en el informe del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (Conea) amenazan con iniciar acciones legales por atentar en contra de la honra. Ese trabajo clasificó a los establecimientos en cinco categorías, y en cuatro de ellas detectó deficiencias.
Cuestionamiento
La Cristiana Latinoamericana, que funciona en Quito, expresó que el informe del Conea busca hacerla ver como un centro de estudios de garaje o que ofrece carreras en combo. “Hemos trabajado en las mejoras”, sostuvo su rector, Marco Muñoz. A esa universidad se la ubicó en la categoría E.