Según asociaciones de ayuda a los inmigrantes, el Estado francés gasta unos 27.000 euros (39.000 dólares) por cada uno de los 20.000 extranjeros sin papeles obligados a abandonar el país en el 2008.
"Desde hace años, el gobierno (francés) lleva adelante una política de comunicación desenfrenada sobre las cifras de expulsiones, pero mantiene una total opacidad sobre su peso presupuestario", afirmó Damien Nantes, uno de los responsables de la Cimade (Servicio Ecuménico de Ayuda a los Extranjeros) en Francia, que en 2009 cumple 70 años de actividad.
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En su informe 2008 presentado este jueves, la Cimade calificó de "costosa" e "ineficaz" la actual política de expulsión de inmigrantes en el capítulo dedicado a ese aspecto de la política migratoria. "¡Si el gobierno quiere hablar de cifras, entonces hablemos de todas las cifras!", exclamó Nantes.
El ministerio francés de Inmigración indicó que no había recibido el informe en cuestión.
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Migreurop, entidad que nuclea a unas 40 asociaciones e investigadores especializados en política migratoria, se preguntó si "la imposibilidad" de las autoridades francesas de hacer "cálculos sobre los costos de las expulsiones no será finalmente una decisión más política que matemática".
Sin tener en cuenta gastos suplementarios "la suma destinada cada año a las expulsiones es de 533 millones de euros" (785 millones de dólares), estimó la Cimade, antes de precisar que cada una de las 20.000 expulsiones efectuadas en 2008 costó al Estado francés al menos 27.000 euros.
Migreurop hace un cálculo similar
Nantes explicó que las asociaciones defensoras de los extranjeros indocumentados "encuentran interesante abordar esta situación desde otro ángulo que el de los derechos humanos, interpelando al gobierno y a los contribuyentes sobre el aspecto financiero de las expulsiones".
El responsable de la Cimade aclaró, sin embargo, que es la "primera vez" que las asociaciones cuentan con elementos que permiten "evaluar" el costo de las expulsiones a partir de un informe de la comisión de Finanzas del Senado francés y en base a un documento de junio del 2009 del Tribunal de Cuentas, institución que ejerce un control independiente de las finanzas públicas.
Según el informe senatorial, el Estado francés dedica cada año 394 millones de euros a la vigilancia y escolta (que involucra a la gendarmería y a la policía) de los inmigrantes en los Centros de Retención Administrativa (CRA).
En Francia existen 23 CRA. En el 2007, más de 32.000 personas de 182 nacionalidades estuvieron allí retenidas. Ese año, entre los retenidos figuraban varias decenas de brasileños y bolivianos, según la Cimade.
El ministerio francés de Inmigración habla de 80,8 millones de euros en gastos anuales de funcionamiento, de los cuales 42 millones en billetes de avión, tren o barco.
El Tribunal de Cuentas establece en 174 millones de euros entre el 2006 y 2008 el costo referido a la construcción y ampliación de los CRA.
Otros gastos, como los referidos al funcionamiento de los servicios de las prefecturas o el gasto en los contenciosos vinculados a la retención, no pudieron ser evaluados.
La Cimade fue creada en vísperas de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a los evacuados. Luego tuvo un papel activo en la resistencia, socorriendo a prisioneros de los campos nazis. Hasta ahora, era el único organismo civil francés autorizado a ingresar en los centros de retención, donde los inmigrantes indocumentados son retenidos hasta 32 días, antes de ser expulsados.