El gobierno argentino logró ayer una victoria política con la aprobación del Senado de la Ley de Medios Audiovisuales, rechazada por la oposición y los medios que consideran acalla la libre expresión.
La ley, que según el régimen “democratiza” y “desconcentra” el sector, obliga a conglomerados periodísticos a vender compañías y da al Ejecutivo mayoría en el organismo que concederá o revocará licencias de radio y televisión.
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El Senado de Argentina aprobó en la madrugada de ayer una controvertida ley sobre radiodifusión impulsada por la presidenta, Cristina Fernández, quien afirma busca reducir la concentración del sector, obligando a empresas periodísticas a desprenderse de medios.
La nueva norma reemplaza a la aprobada durante la última dictadura (1976-1983) y que, según el oficialismo, favorecía la concentración de medios de comunicación en pocas manos.
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La iniciativa prevé que el Estado tendrá un mayor espacio radioeléctrico para sus medios, y que estos, a diferencia de los privados, podrán establecer cadenas de alcance nacional.
Fernández afirma que la ley “ayudará a la democracia”, pero los críticos dicen que está dirigida a quitarle poder al Grupo Clarín, el mayor conglomerado mediático de Argentina.
Medios de comunicación privados como Clarín, el centenario diario La Nación o el denominado Grupo Uno, un gran conglomerado de empresas periodísticas, ven un intento del Gobierno de cercenar la libertad de expresión.
Fernández y su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, mantienen una pelea con el Grupo Clarín por la posición crítica que adoptó este grupo respecto del Gobierno durante las fuertes protestas del sector agrario del año pasado.
La ley establece el plazo de un año para que las empresas se adecúen a la norma y permite al Ejecutivo adjudicar directamente las licencias con mayor alcance a 50 km o en ciudades de más de 500.000 habitantes.
El artículo más resistido es el que limita a diez las licencias que puede operar una misma empresa y establece que el licenciatario de una señal de televisión abierta solo puede operar a la vez una señal de televisión pagada.
La ley regula contenidos de programación y establece que las estaciones de radio dedicarán el 30% de su emisión de música a artistas argentinos y los canales de televisión emitirán al menos seis nuevas películas argentinas por año.
También permite mayor participación estatal en el organismo que aplicará la ley, compuesto por siete miembros, dos de ellos designados directamente por el Ejecutivo, tres elegidos por el Congreso y el resto por un Consejo Federal.
La oposición critica que la ley da excesivo poder al Estado para regular el otorgamiento de licencias en medios audiovisuales y objeta la distribución de la pauta de publicidad oficial.
Además considera que la nueva ley traerá un sinfín de reclamos judiciales por licenciatarios que se verán forzados a vender señales para ajustarse a los límites dispuestos.