El Ministerio de Justicia remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley reformatoria al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal Militar y Policial, para cumplir con la disposición constitucional sobre la unidad jurisdiccional.
El cuerpo legal modifica la aplicación de las penas en delitos de militares y policías en el ejercicio de sus funciones.
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El artículo 160 de la Constitución establece que los militares y policías, por la comisión de delitos comunes, deben ser juzgados por la justicia ordinaria, y en el caso de delitos propios de su función, por jueces especializados de la Corte Nacional de Justicia. Esta disposición eliminó las cortes militares y policiales.
El Gobierno propone que el delito de insubordinación sea juzgado por los jueces especializados y con prisión de tres meses a un año; con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, si se comete la infracción con armas en complot o motín; y con reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años, si se produce en combate.
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Asimismo, quienes revelen información reservada serán sancionados con reclusión menor ordinaria de tres a seis años. Si el delito se comete en tiempo de guerra, recibirán penas de reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años.
Fuentes del Gobierno señalaron que el Ministerio de Defensa cuestionó el proyecto porque considera que no tipifica con rigurosidad dichos delitos.
La semana pasada, los coroneles Oswaldo Muñoz y Patricio León, en representación de los oficiales de las Fuerzas Armadas, criticaron el proyecto durante una comparecencia a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.
En un comunicado de prensa, los oficiales afirman que el documento no fue socializado, salvo una reunión en el Ministerio de Justicia, “cuando el texto estaba elaborado”.
El subsecretario de Defensa, general Jorge Peña, aseguró que las FF.AA. están trabajando en una propuesta alternativa que será presentada a la Comisión. “Es importante que se tome en cuenta la estructura de las FF.AA. en su jerarquización y disciplina. No puede ser igual a otras instituciones, pero tampoco estamos buscando privilegios”, comentó.
El vicepresidente de la Comisión, Henry Cuji (ADE), dijo que se abrirá el debate del texto y que convocará a los mandos militares y de la Policía para recibir observaciones.
El proyecto es una de las leyes que debe aprobar la Asamblea hasta el 14 de octubre.