La Fiscalía venezolana inició ayer la exhumación de decenas de víctimas de los sucesos conocidos como el Caracazo, un estallido social ocurrido en 1989 ante un duro ajuste económico que dejó cientos de muertos por la represión de militares y policías.
En la polarizada Venezuela se ha desatado una fuerte controversia entre los que respaldan la investigación liderada por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y quienes critican que el trabajo no es transparente y que el Gobierno pretende hacer de la masacre una bandera política. El presidente Hugo Chávez suele reivindicar a la explosión social que derivó en días de saqueos y disturbios tras la aplicación de un paquete de medidas neoliberales –incluyendo la única subida del precio de la gasolina en los últimos 20 años– como el germen de su “revolución socialista”.
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Periodistas y familiares de las víctimas se agolparon para ver el arranque de los trabajos en el Cementerio General del Sur, donde operarios abrieron el primero de decenas de nichos de donde trasladarán restos hacia instalaciones militares para su análisis forense. Las autoridades dicen que de las tumbas serán removidos los restos de entre 65 y 71 víctimas que nunca fueron identificadas.
“El Estado venezolano admitió su responsabilidad, ¿para qué ahora va a querer ocultar algo sobre el Caracazo? Lo que queremos es que las cosas sean claras y se determinen las responsabilidades”, dijo Ortega.
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El Ministerio Público ya ha imputado a tres militares de alto rango acusándolos de perpetrar la masacre entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989, en la que fallecieron unos 340 ciudadanos, según cifras oficiales, y hasta más de 1.000, según organizaciones de derechos humanos.
Mientras la funcionaria dirigía el acto, un pequeño grupo de familiares disconforme con los procedimientos de la Fiscalía protestó a pocos metros exigiendo transparencia y participación en la investigación.
“Nosotros no podemos avalar este proceso porque se están violando varios elementos principales”, dijo Iris Medina, miembro de la organización no gubernamental defensora de derechos humanos Cofavic, que investiga desde hace 20 años la masacre y cuyo marido fue una de las víctimas.