La Comisión de lo Civil y Penal aplazó para hoy la resolución de exhortación al directorio del Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel) de rectificar en los procedimientos aplicados para el juzgamiento de los contenidos que se transmiten a través de los medios de comunicación.
La extensión de la sesión plenaria hasta la tarde no permitió que la comisión se reúna. Pero los legisladores miembros de ese organismo parlamentario ya tenían su posición definitiva, pues todos coinciden en que el Conartel debería declarar nulos los procesos de juzgamiento que no tengan las respectivas motivaciones jurídicas que justifiquen la sanción.
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Y que para futuros procesos, Conartel y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) observen la Constitución y no apliquen la actual Ley de Radiodifusión y Televisión que para los legisladores tácitamente está derogada.
Rossana Alvarado (PAIS) comentó que la recomendación principal es que cualquier resolución que tome el Conartel debe ser motivada y apegada a la Constitución, más todavía cuando son actos administrativos que restringen derechos como es el caso de una resolución que prohíbe o que modifica cualquier tipo de derecho.
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Señaló que el Conartel está a tiempo de moderar el tipo de prohibiciones, pero desde una visión constitucional, más allá de una determinación personal. “Si las exigencias de la comisión especializada no son tomadas en cuenta, haremos ver al funcionario que es completamente posible un juicio político por desacato”.
Alvarado dijo que todos los integrantes de la comisión están de acuerdo en que la fiscalización no es sinónimo de destitución y que esa medida sería tomada cuando las cosas hayan pasado al extremo. “Sería una acción final en caso de que el Conartel y la Supertel no rectifiquen o no tomen en cuenta estos comentarios realizados desde el Legislativo”.
“Cuando las resoluciones no son motivadas, son arbitrarias y la sanción de las resoluciones arbitrarias es la nulidad”, puntualizó la legisladora, quien dijo ser partidaria de que el Conartel vuelva a revisar todo el proceso de juzgamiento.
Julio Logroño (SP) precisó que la resolución advierte al titular del Conartel que incurrió en una violación constitucional, pues para sancionar a un medio de comunicación no observó la ley, sino que se basó en un reglamento.
Agregó que Antonio García, presidente del Conartel, no observó lo que determina la Constitución respecto a los derechos de los ciudadanos a ver los programas de televisión que a bien tengan, y no mediante resolución impedir su transmisión. “La moral de ellos no puede ser la moral de todos”.
Mauro Andino (PAIS) insistió en que jamás puede estar un reglamento por encima de la ley, y una ley por encima de un reglamento, y por tanto, las resoluciones del Conartel respecto al juzgamiento de los contenidos de los medios son nulas.
Dijo que tanto el Conartel como la Supertel, que impone sanciones, deben sujetarse a las normas constitucionales. “Hablar de posible prohibición de programas o de enjuiciar a medios no está dentro de sus obligaciones. No pueden decidir por todos los ciudadanos sobre lo que debemos ver”.