El olor del maduro con queso, la tortilla de papa y las humitas se une con el del típico seco de chivo o de gallina que invade el margen de la vía Guayaquil-Salinas, en la parroquia Juan Gómez Rendón o Progreso.

En ese sitio, entre el redondel y el distribuidor del tráfico, se asentaron hace dos años unos ochenta comerciantes después de que con la construcción de la autopista el negocio se volvió “malo” en esta parroquia.

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A la mayoría, como Víctor Ortiz, de 50 años, le está yendo bien. “Vendo 40 platos diarios. Unos $ 80 en seco y unos 30 en almuerzo”, dice este hombre, dueño del comedor El Colorado, contento de tener un local después de ser vendedor ambulante por 39 años.

La tranquilidad de su trabajo se vio amenazada hace un mes cuando le llegó la primera notificación de la Subsecretaría de Obras Públicas para que desalojara y demoliera su comedor, de construcción mixta, que le ha costado 7 mil dólares y que aún debe. Estas disposiciones comenzaron a llegar en enero y aún este mes las han recibido algunos comerciantes.

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El subsecretario Geovanny Castro asegura que los vendedores están ocupando un área de propiedad del Estado, regida por la Ley de Caminos.
En el artículo 4 de su reglamento, vigente desde 1965, se contempla como derecho de vía a la distancia de “25 metros, medidos desde el eje de la vía hacia cada uno de los costados, distancia a partir de la cual podrá levantarse únicamente el cerramiento, debiendo, para la construcción de vivienda, observarse un retiro adicional de 5 metros”.

Esta misma ley permite al Ministerio dictar acuerdos específicos para la ampliación del derecho de vía y esto es lo que ha ocurrido en la zona de Progreso. La resolución ministerial 037, publicada en el 2001, en su artículo 2, fija en 35 metros el derecho de vía para la carretera Chongón-Progreso.

“En este momento estamos notificando a todas las personas que están dentro del derecho de vía..., la ley me lo estipula así”, dice el funcionario.

Sin embargo, comerciantes como Kléber Celda se niegan a aceptar la notificación. “Vino un ingeniero del Consejo Provincial) y nos indicó que eran 25 para ambos lados (del eje vial). Nos midió y me dijo: construya aquí”, explica al indicar que decidieron ordenarse cuando, en enero del 2007, vivieron un episodio igual cuando personal de la Prefectura les ordenó retirar las cabañas. Él dice que se endeudó con 18 mil dólares e hipotecó una propiedad para adecuar su local.

Marcelino Pezo, dueño de una cabaña de comida, reclama porque para acatar la notificación tendría que destruir completamente el local que le permite mantener a su esposa Maryorie Malavé y a sus hijos.

El problema también alcanza a doce comerciantes y habitantes desde el kilómetro 64 hasta el 66 de esta vía, una gasolinera y el colegio Pablo Weber Cubillo, construido hace 35 años.

Carmen Viteri y las hermanas Rosa Ramírez y Carmen Ibarra están nerviosas por la notificación. “Llevo más de 30 años viviendo en la vía, tenía mi negocio en Progreso pero me fue mal y lo puse aquí (km 64)”, dice Ramírez, una mujer de 52 años, que recién en mayo canceló la última cuota del préstamo que hizo para su cabaña.

El Subsecretario Castro pide que los comerciantes se tranquilicen porque, aunque la notificación es nacional, “cada caso se estudiará” y se contemplarán indemnizaciones.

Algunos vendedores ya han acudido a presentar los documentos para justificar la instalación de sus comedores, pero otros como Arturo Pezo, de la reciente Asociación de negocios y comidas rápidas y afines, advierten que no desalojarán la vía y que demandarán al subsecretario Castro por atentar contra el derecho al trabajo.

Tierras
Los comerciantes informales, asentados al margen de la vía Guayaquil-Salinas, aseguran que los terrenos donde se levantan sus negocios fueron donados por la comuna. Algunos incluso presentan certificados de posesión.

Préstamos bancarios
Para adecuar sus puestos los comerciantes se han endeudado con los bancos.

Ventas
Unos 60 vendedores ambulantes se ubican, desde las 07:00 hasta cerca de las 21:00, en la autopista y en el centro de la cabecera parroquial para poder ofertar sus productos.

Cobros
Desde mayo pasado, OO.PP. asumió el cobro del peaje y el mantenimiento de esta vía.