El ex director general de Operaciones de la Policía Nacional, general Juan Sosa, deberá revelar el nombre de la autoridad superior que le dispuso realizar “contrainteligencia” de las actividades de jueces y fiscales o aclarar las razones que tuvo para ordenar, por su cuenta, ese tipo de tareas.
El pasado 8 de mayo este oficial -luego de reunirse ese día con varios ministros; entre ellos, el de Seguridad y el de Gobierno- dio esa disposición al director de la Policía Judicial, general Rafael Yépez.
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Sosa tendrá que dar su testimonio como parte de la indagación previa que abrió el fiscal general, Washington Pesántez, para investigar el supuesto atentado a la intimidad de personas, delito que podría haberse configurado tras el pedido de realizar contrainteligencia.
La cita para que rinda su versión está fijada para el 10 de junio próximo, las 09:30.
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Según las autoridades del Gobierno, el ex director de Operaciones tomó esa decisión de manera unilateral.
Por tratarse de una investigación previa, el fiscal subrogante, Alfredo Alvear, prefirió no dar mayores detalles del caso.
No obstante, reconoció que en la reunión del 8 de mayo, en la que también participó en representación de Pesántez, las autoridades de la Policía acusaron a los fiscales de ciertas provincias de incurrir en actos de corrupción.
Las quejas –explicó– fueron dirigidas, por ejemplo, a los fiscales de Carchi, Imbabura y de algunas provincias de la Amazonía, de las cuales no mencionó nombres.
Según Alvear, se denunciaba la facilidad en que se pone en libertad a los delincuentes, que son capturados por la Policía.
El fiscal subrogante agregó que la queja fue amplia, pero que nunca se mencionaron detalles -es decir, nombres de fiscales o jueces- para poder investigarlos, tal como asegura que solicitó durante esa reunión.
Precisó que a pesar de las quejas en ningún momento se habló de hacer un seguimiento a los operadores de justicia.
La indagación previa, que se abrió el miércoles de esta semana, se basa en las denuncias publicadas por la prensa. También se toman en cuenta las opiniones de los ministros de Gobierno, Gustavo Jalkh; de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal; y del comandante General de la Policía Nacional, general Freddy Martínez, quienes deslindan su responsabilidad en el caso y señalan como único responsable a Sosa.
Ayer, el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Troya, sin dar fechas, anunció que ha convocado a una reunión del Consejo Consultivo de la Función Judicial, máxima autoridad de la administración que preside, para coordinar políticas de acción de este poder del Estado.
Entre otros, los temas de la cita serían las denuncias de presunta corrupción en la justicia, así como, las reformas judiciales y los términos ofensivos utilizados por el Fiscal General al referirse a los miembros del Poder Judicial. Por ello, Troya, pidió a Pesántez, no excederse en las atribuciones que tiene.
El reclamo, según fuentes de la Corte, tiene que ver con las insistentes intervenciones de Pesántez con los jueces, a quienes, en forma generalizada, ha remitido circulares o comunicaciones para recordarles que tienen que cumplir las normas legales.
Por ello, ayer, Troya le recordó a Pesántez, que sus atribuciones legales específicas son la investigación pre procesal y procesal penal.
Textuales: Contrainteligencia
Alfredo Alvear,
FISCAL SUBROGANTE
“Por respeto a los derechos y al honor de las personas, nunca hubiese permitido que se hable de eso (de espionaje)”.
José Troya,
PDTE. CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
“Los jueces estamos dispuestos a abrir nuestras cuentas... No tenemos nada que ocultar. Sería inútil que me espíen”.