El ex presidente de Perú Alberto Fujimori escucha hoy la sentencia del tribunal que durante 16 meses lo juzgó por violación de derechos humanos, en un ambiente crispado por posibles desbordes de partidarios, que anunciaron movilizaciones ante una posible condena.
Tras más de 160 sesiones, el tribunal presidido por el juez César San Martín dicta una sentencia que le puede significar al ex mandatario una pena máxima de 30 años de prisión, como autor intelectual de los asesinatos de 25 personas en Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992) y los secuestros del empresario Samuel Dyer y del periodista Gustavo Gorriti durante el llamado autogolpe de 1992 que llevó al cierre del Congreso y las cortes de justicia.
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Tiene cinco acusaciones más por corrupción, pero este caso de derechos humanos es más importante pues desnuda una época de Perú marcada por la violencia de las guerrillas Sendero Luminoso y MRTA y una respuesta del Estado que supuso violaciones de los DD.HH.
El presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, invocó a los peruanos a respetar el fallo destacando el “importante momento histórico pues es la primera vez que un ex presidente constitucional es juzgado por violaciones a derechos humanos en su propio país.
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El hecho de que Fujimori sea juzgado por un tribunal que ambas partes reconocen como idóneo, significa un triunfo en un país que no ha cerrado sus heridas sobre la época de la violencia (1980-2000) en que murieron 70.000 personas.
Fujimori ya tiene una condena de seis años por corrupción, sentencia que apeló.
Su hija y heredera política, la congresista Keiko Fujimori, convocó a una vigilia de sus simpatizantes en las inmediaciones de la sede judicial, al igual que los familiares de las víctimas de las matanzas.
Fujimori, un ingeniero y profesor universitario de matemáticas, de 70 años, se jacta de haber salvado a Perú al derrotar a los grupos subversivos y a la hiperinflación galopante de cuatro dígitos que existía cuando asumió la presidencia.
Un escándalo de corrupción que enlodó a su ex jefe de Inteligencia, Vladimiro Montesinos, lo obligó, en noviembre del 2000, a huir a Japón, tierra de sus ancestros, desde donde envió su renuncia.
Tras cinco años de vivir en Tokio, amparado en su nacionalidad japonesa para evitar una extradición, decidió retornar a Perú vía Chile, pero fue arrestado y extraditado en septiembre del 2007.