Se escuchan cuatro disparos. Hay una pausa de segundos, mientras la gente se pone alerta, y nuevamente se escuchan cinco detonaciones más.

Enseguida, tres individuos huyen a bordo de una motocicleta. Pasan dos minutos y una veintena de personas se arremolina junto al cuerpo acribillado de un joven, a un costado de la estación del tren de San Lorenzo, Esmeraldas. Una mujer es la única que habla: “Yo lo conozco, es el hermano de la señora que vende jugos”, grita. Los demás miran y se van. La Policía llega diez minutos más tarde, para el levantamiento del cadáver.

Esta escena, que se da a las 19:00 del lunes 11 de marzo, resulta cotidiana para los sanlorenceños. En el 2007 hubo 89 muertes violentas en la zona fronteriza con Colombia, entre los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro; el año pasado, 70 casos, según la Fiscalía. “En su mayoría son ajustes de cuentas, y estarían ligados al narcotráfico y al contrabando de combustibles y precursores químicos para las drogas”, indica un fiscal de la zona, que pide el anonimato.

Ni la vigilancia del Ejército en las vías ni el aumento de elementos policiales logran frenar los ajusticiamientos. “La gente sabe quién es, pero no denuncia.

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En algunos casos ni siquiera esperan que la Policía proceda con el levantamiento del cadáver”, comenta el fiscal, quien muestra que en su escritorio tiene una pistola lista. “Estamos dispuestos a dar o recibir”, asevera.

Hay una característica de los asesinatos: el promedio es de ocho disparos como mínimo. “Es porque algo deben saber; les dan como para que no se levanten más”, expresa el fiscal.

El temor reina en toda la zona esmeraldeña. La Policía y Fiscalía tenían un informante entre el campesinado en el 2007. Al ser descubierto, desconocidos lo acribillaron en ese sector. Hasta hoy no se sabe quién lo mató.

Algunas muertes están ligadas a casos de capturas de droga y laboratorios realizadas por la Armada y la Policía. En noviembre del 2008, la Armada localizó 4 toneladas de droga almacenadas en el sector El Brujo, en el extremo noroeste del Ecuador, frente a Colombia. El capitán Diego Rubio, segundo comandante del Batallón de Infantería de San Lorenzo, recuerda que días después fueron asesinadas tres personas de ese sector, a quienes se las habría señalado como presuntas delatoras.

A raíz del descubrimiento del caso Huracán de la Frontera y la captura, en septiembre pasado, de 4,7 toneladas de droga en Campanita, que está ubicada a media hora en lancha desde el sector de San Lorenzo, diez dirigentes de Palma Real, poblado cercano al lugar donde fue incautada la droga, recibieron amenazas de muerte.

“Hoy la Armada ha tenido que instalar en el sector una patrulla permanente para protegerlos”, indica el capitán Rubio.

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Los directivos amenazados prefieren no hablar, pero tomaron una decisión: si sale la Armada, lo hacen ellos también, para salvar sus vidas. En este caso el clorhidrato de cocaína estaba almacenado en dos caletas y en él están involucrados los hermanos Jefferson, Édison y Miguel Ostaiza Amay y, como encubridor, el ex subsecretario de gobierno, José Ignacio Chauvin, hoy detenido en Quito.

Pero las amenazas y los asesinatos por el narcotráfico no solo se circunscriben a San Lorenzo. Hay casos en otras localidades del país, como Manabí, donde  las estadísticas policiales indican que el 85% de los 106 asesinatos cometidos el año pasado en Manta, Montecristi y Jaramijó se dieron bajo encargo por ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al narcotráfico.

Sus miembros se disputan espacios para la comercialización de droga en el país o para la exportación del alcaloide. “El repunte de los crímenes tipo sicariato está relacionado con las actividades ilícitas del narcotráfico”, sostiene Juan Ruales, comandante de Policía de Manta.

Aunque aclara que la mayoría de los asesinados tienen antecedentes penales y casi siempre se dan por venganzas.

Sin embargo, investigadores indican que las muertes entre traficantes de drogas usualmente se dan por la pérdida de los paquetes con alcaloide o engaños como pasar harina o talco en vez de cocaína, situaciones que hacen reaccionar a líderes de los grupos de narcotraficantes.

El narcotráfico en Manta queda en evidencia con la intercepción en alta mar de barcos con cargamentos ilegales, que zarpan de forma legal del puerto, supuestamente a pescar.

Sicarios

Ataques
En Manta se han detectado bandas de sicarios, la mayoría son contratados para saldar deudas por venta de drogas, herencias o mal reparto de botines tras golpes delictivos, según informes de la Fiscalía.

Declaraciones
En Santa Clara (‘zona roja’ de Manta) jóvenes de entre 17 y 28 años son sicarios, algunos de ellos han sido detenidos y en sus declaraciones dieron a conocer que para matar los contratan narcotraficantes.