IGM Solutions CEM,   empresa  creada en el 2005 con capital mayoritario del Instituto Geográfico Militar (IGM), se ha convertido en una de las principales adjudicatarias de los contratos  de esta entidad pública, utilizando ¬en algunos casos¬  mecanismos de excepción para evadir  la Ley de Contratación Pública.

Pero   IGM e IGM Solutions CEM no solo son  socios y clientes, también comparten logo, edificio y hasta  jefe: el coronel Iván Acosta, director del IGM y presidente de su Comité de Contrataciones, es  a su vez el presidente de la junta directiva de IGM Solutions CEM.

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El otro socio de IGM Solutions, supuestamente escogido mediante un concurso público del que nunca se entregaron pruebas, es la empresa Htsystems (con el  30% del capital),  la representante en el país de la empresa Hightech USA  Inc.,  una compañía con base en el Estado de  Florida,  que representa a compañías israelíes de seguridad y armamento. En el registro de corporaciones de   Florida figuran Haim Geri y la ecuatoriana Cecilia Sommerfeld como sus accionistas.

El pasado 12 de diciembre el IGM le adjudicó a IGM Solutions CEM un contrato por un valor total  de    $ 3’934.783  para la compra de equipos con miras a la elaboración de tarjetas plásticas.  Su intención es, según se lo confirmó el coronel Iván Acosta al director nacional del Registro Civil, Fernando Navia, “montar una fábrica de cédulas”.

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Ello explica los cabildeos que desde el 2006 (cuando todavía  era director el coronel Mario Calderón) efectuó el IGM ante la Procuraduría General  y más tarde, durante la administración de Acosta, ante el Registro Civil, para que las cédulas de identidad sean catalogadas como “especies valoradas”.

Por ley (decreto 014 y sus reglamentos),  el IGM es la única entidad en el país que puede emitir especies valoradas (por ejemplo, pasaportes, certificados judiciales, tarjetas de visita a parques nacionales, etcétera).

Pero fue la adjudicación de diciembre a su socio  la gota que derramó el vaso entre algunos industriales gráficos que   tiempo atrás habían  denunciado irregularidades en los contratos y violaciones a la Ley de Contratación Pública por parte del IGM.

1 sola oferta, 867 proveedores
Para este  concurso, según aparece en el portal de Compras Públicas, fueron invitados 867 proveedores, no obstante, solo se presentó la oferta de IGM Solutions CEM.  “Qué raro que 866 de los invitados no puedan ofertar nada de lo que está ahí”, señala   un empresario ecuatoriano que produce tarjetas plásticas y  que  pide    reservar   su nombre.

La  fuente asegura que  el  contrato con IGM Solutions CEM “no podía costar más de $ 1 millón  bajo ningún concepto”. Y expresa    su “indignación por lo que están haciendo con el dinero,  que es de todos”.

Otro industrial gráfico  señala que “es evidente que todo va dirigido a que gane IGM Solutions CEM  (licitaciones y contratos) y hay gente que se está beneficiando porque el 30% de la empresa es de capital privado”.

El contrato referido de $ 3’934.783 es solo uno de los  que el IGM le ha entregado, desde el 2006, a la empresa IGM Solutions CEM. Sin embargo, el monto total ascendería a más.   “Son cerca de 15 millones de dólares en contratos que ha recibido IGM Solutions del IGM, para los cuales antes se hacía subasta pública”, afirma Óscar Ayerve, director de la empresa gráfica Taski y ex ministro de Gobierno de Lucio Gutiérrez.

Empresarios de la Cámara de la Pequeña Industria, incluido Ayerve, le entregaron a mediados del año pasado a César Rodríguez (PAIS),  entonces vicepresidente de la Asamblea, una denuncia  sobre un presunto  sobreprecio de $  175.000  e irregularidades en la adjudicación ¬mediante causales de excepción¬ de un contrato para proveer hologramas y suministros para  licencias de conducir a la empresa IGM Solutions, el 23 de octubre del 2007. Nunca se le dio trámite en la Constituyente.

Aumentan seguridades, aumenta el valor
Como resultado o no de esta denuncia, el hecho es que el 15 de mayo del 2008 el IGM bajó   el valor  de la oferta de $ 557.215,60 a $  193.726 ($ 363.489 menos). Acosta justifica  el   precio inicial   aduciendo   que “el Instituto (IGM) ha visto la necesidad de incrementar muchas seguridades adicionales, lo que aumentaba el valor del contrato”.

Este contrato de la Dirección Nacional de Tránsito  (DNT) también recibió objeciones  de la Contraloría  y de la Procuraduría debido a la falta de un proceso de selección en el primer caso; y en el segundo, se solicitó la certificación notariada de la capacidad de IGM Solutions CEM de producir y proveer los materiales solicitados ¬como lo exigió la DNT¬  para poder contratar directamente utilizando las excepciones de la Ley   de Contratación Pública. Esto nunca ocurrió, según la denuncia.

En entrevista con este Diario, el coronel Iván Acosta  señala que “la mayor parte (de los contratos) se hace por licitación, a pesar de que nosotros (el IGM) por ley, por ser una organización del Estado, tenemos la posibilidad de usar el artículo 6 k de la Ley de Contratación Pública, en el que por excepción se puede contratar directamente”.

Acosta argumenta   que la creación de IGM Solutions CEM obedeció a la necesidad de tener representaciones directas de firmas internacionales que producen documentos de seguridad, para lo cual estaba inhabilitado el IGM por ser una entidad pública. Así ¬añade el coronel¬  no habría necesidad de intermediarios. Sin embargo, IGM Solutions CEM no tiene por sí  misma capacidad de producción.

Ayerve también dio aviso de estas irregularidades al ministro de Defensa, Javier Ponce, el 21 de julio del 2008 a través de una carta y, según  afirma, en una reunión  con el   funcionario en noviembre de ese  mismo año.

Según pudo confirmar este Diario, el Ministerio de Defensa ya abrió una investigación por irregularidades en  contratos adjudicados por el IGM a IGM Solutions CEM. Sin embargo, en el Ministerio han dilatado durante dos semanas la respuesta a la consulta sobre este tema.

Por buscar también un “ahorro” de $ 4,2 millones este año  el Consejo Nacional Electoral ya no le adjudicó directamente el contrato al IGM para la elaboración de papeletas, pues el gasto hubiese ascendido a  $ 7,5 millones y no a $  3,3 millones,  que les  cobra la empresa Mariscal.

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