Los pobladores de Puerto Nuevo identifican a José Ignacio Chauvin –detenido por supuestos vínculos con las FARC y con una red de narcotraficantes–, como el coordinador en esa provincia de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu) y cabeza visible del plan de carnetización que realizó este organismo en la frontera norte.
Los testimonios de los habitantes de esta población ubicada en Sucumbíos –en el límite con Colombia, junto al río San Miguel– contradicen el de Juan de Dios Parra, secretario general de la Aldhu, quien manifestó que Chauvin salió de sus filas en el 2006 para iniciar su actividad política en Alianza PAIS.
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Un dirigente comunitario de Puerto Nuevo cuenta que hace cuatro meses, Chauvin presentó el proyecto de carnetización, dirigido tanto a ecuatorianos como colombianos.
Una vez que la organización instaló una oficina en el poblado, Chauvin visitaba cada mes a José Reyes y Francisco Rueda, sus colaboradores en la zona. Daba instrucciones y se iba.
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El líder comunitario afirma que la población se ha alejado de la Aldhu por su acercamiento con el Gobierno. Eso se hizo evidente en noviembre pasado, cuando el entonces viceministro de Defensa, Miguel Carvajal, visitó Puerto Nuevo junto con Parra y Chauvin. En esa ocasión, los representantes de 29 comunidades reclamaron por supuestos abusos cometidos por el Ejército ecuatoriano y Carvajal los regañó.
En Nueva Loja, la oficina de la Aldhu está vacía. Solo un letrero pegado en un vidrio da fe de su paso por Sucumbíos. A 20 minutos de ahí, está General Farfán, también ubicada en plena frontera, donde la carnetización se realizó hasta la semana pasada. Sus pobladores temen, pues dieron su información personal: nombres, domicilio, teléfono, ingreso económico e identificaron a sus familiares.
Por ello hablan con recelo. Solo cuatro aceptan referirse al tema. “Dizque iba a servir para las ayudas del Plan Ecuador”, comenta una mujer, mostrando el carné que sacó para su hijo de 12 años. “¿Ahora qué hago con esto, si no me sirve para nada? Aunque lo destruya ellos ya tienen mis datos”.
Otros cuentan que los representantes de la Aldhu aseguraron que con el carné tendrían acceso a salud, préstamos, vivienda y seguridad.
“Necesitamos que alguna autoridad nos aclare esto”, dicen. Los colombianos suponen que se agilizarán sus pedido de refugio.
Agentes del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS), quienes desde su territorio vigilan la frontera, señalan que el carné de la Aldhu les llamó la atención. Recogieron testimonios de colombianos que los portaban. La respuesta fue que el documento servía para realizar trámites de refugio en Ecuador.
En un parte policial, levantado en General Farfán el 16 de diciembre del 2008, los gendarmes –que fueron llamados porque supuestamente iban a llegar grupos irregulares– describen que los miembros de Aldhu ofrecían asistencia del Gobierno. Según el parte, la comitiva de la Aldhu justificó la carnetización con el argumento de que se utilizarían para “saber cuántos habitantes tiene la frontera y, a base de ello, reclamar más inversión social”.
Marlo Brito, secretario técnico encargado de Plan Ecuador, niega que los carnés entregados por la Aldhu sirvan para que la población acceda a los programas de asistencia social.
A diferencia de lo que pasa en General Farfán, los habitantes de Puerto Nuevo tienen claro que el documento no les dará acceso a programas sociales del Gobierno, sino que servía exclusivamente para tener preferencia en los planes humanitarios de la Aldhu.
Pero la Cancillería ecuatoriana emitió el miércoles de esta semana (luego de cuatro meses de iniciado el plan de carnetización) un comunicado donde se aclara que la única entidad autorizada para expedir documentos para refugiados o solicitantes de refugio es la Dirección General de Refugiados.
“No existe autorización de ninguna naturaleza, para que Aldhu o cualquier otra organización no gubernamental, pretenda sustituir a la autoridad del Estado ecuatoriano, bajo ninguna circunstancia”, afirma el comunicado y advierte que los carnés entregados en la frontera no tienen valor legal.
El fiscal distrital de Sucumbíos, Nelson Guamán, anuncia que investigará a la Aldhu, para determinar si existen indicios de algún delito.
Xavier Creach, jefe de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (Acnur) en Lago Agrio, también expresa su preocupación por la posibilidad de que los colombianos que obtuvieron el carné piensen que se pueden quedar en Ecuador legalmente. “Eso no es posible”, aclaró.
La Aldhu emitió, hasta enero de este año, alrededor de 5.000 carnés.
Delito
Por el delito de participar en actos de guerrilla en Ecuador, Joel Bustillos, juez 3º de lo Penal de Sucumbíos, oficializó el pedido de extradición de las tres sobrevivientes del ataque de Angostura: Lucía Morett (mexicana), Doris Bohórquez y Martha Pérez (colombianas).
Trámite
El pedido fue entregado al presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Vicente Troya, quien a su vez enviará la solicitud a la Cancillería. Para este delito, en el Código Penal se determina una sanción de reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años y una multa de 87 a 175 dólares.