El catastro minero, en el que constan todos los concesionarios del país, que entró en revisión en abril del año pasado por aplicación del mandato  6, estará completamente depurado hasta finales de este mes, informó ayer el ministro de Minas y Petróleos, Derlis Palacios. Con ese procedimiento la actividad podrá reanudarse de manera legal y regular.

Los concesionarios que pasen la purga empezarán a someterse a la nueva Ley de Minería, en vigencia desde el 29 de enero anterior, y a los nuevos reglamentos de operación que estarán listos antes de mayo, según José Serrano, viceministro de Minas.

La cuarta disposición transitoria de la Ley de Minería otorga 120 días de plazo a partir de la vigencia de la norma para promulgar los reglamentos. Sin embargo, Serrano estima hacerlo antes de la fecha indicada y resultado de un consenso con los sectores involucrados: artesanos, pequeña minería, mediana y a gran escala.

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En menos de un año de purga del catastro, el Ministerio ha revertido el 70% del territorio concesionado hasta diciembre del 2007. De abril a enero pasado, 2.408 concesiones equivalente a 3,53 millones de hectáreas de terreno fueron devueltas al Estado.

En diciembre del 2007, la cantidad de tierras concesionadas alcanzaba las cinco millones de hectáreas.

Según reportes de la Subsecretaría de Minas, el archivo de tal cantidad de concesiones fue por la aplicación del mandato minero que ordenó extinguir sin compensación económica alguna todas las concesiones que, en fase de explotación, no hayan realizado ninguna inversión en proyectos al 31 de diciembre del 2007.

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De las 2.408 concesiones, 1.192 fueron por suspender el trámite, 595 por incumplir con el pago de patente, 460 por no tener estudios de impacto ambiental (que continúan en depuración), 95 por ser concesiones entregadas a ex funcionarios y 66 por no haber realizado inversiones.

Restan por depurar las concesionarias con más de tres concesiones.

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La tarea no ha sido fácil, reconocen las autoridades, y más porque a la par deben resolverse 350 apelaciones y recursos de revisión presentados por reversiones ejecutadas, en cumplimiento del mandato.