Esta fue su tercera citación a la unidad que investiga posibles irregularidades en los contratos de los últimos 30 años.
Oswaldo Hurtado, quien no acudió a declarar en dos ocasiones anteriores, relató a medios locales que entregó a la Fiscalía un informe basado en datos del Banco Central, que afirma que durante su Gobierno (1981-1984) no se perdió dinero por la "sucretización".
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El ex presidente se refirió al proceso que se llevó a cabo durante su Gobierno, de conversión a sucres (la antigua moneda nacional) de la deuda exterior contratada en dólares.
Según analistas económicos, la "sucretización" supuso, en su momento, una política beneficiosa para los empresarios, mientras que perjudicó a las cuentas públicas.
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"Los ex presidentes de Ecuador, cuando pagamos la deuda creíamos que la deuda era legítima, que era legal, que era moral", indicó Hurtado, quien criticó al actual mandatario del país, Rafael Correa, que "cree exactamente lo contrario".
Hurtado es el sexto ex gobernante ecuatoriano que la Fiscalía llama a declarar por supuesta "ilegalidad" en los contratos de algunos tramos de deuda externa, después de que una Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) presentara un informe el pasado 20 de noviembre.
En dicho reporte, la CAIC concluyó que en algunos contratos de deuda externa de las tres últimas décadas se presentaban indicios de "ilegalidad" y, para investigar estas irregularidades, el fiscal de la Unidad Especial de Investigaciones Financieras, Byron Granja, abrió un proceso de indagación previa.
Según la CAIC, el proceso de sucretización causó pérdidas por más de 1.500 millones de dólares, por la diferencia cambiaria en la conversión de la deuda contraída en dólares a sucres.
Entre 1983 y 1984, señala el informe de la CAIC, la deuda pública ascendía a 1.371 millones de dólares, medida en sucres, pero al momento de convertirla a la divisa estadounidense, ese monto se incrementó a 4.364 millones.
Hasta el momento han comparecido ante la Fiscalía los ex presidentes Lucio Gutiérrez (2003-2005), Rodrigo Borja (1988-1992), Fabián Alarcón (1997-1998), Alfredo Palacio (2005-2007) y Gustavo Noboa (2000-2003), y todos ellos descartaron que durante sus respectivas administraciones se cometieran irregularidades en la negociación de la deuda externa.