Dos años de correísmo, con los poderes a favor

La gestión del Mandatario, según Cedatos, tiene una aprobación de 70%.

Este jueves, dos años después de haberse posesionado como presidente de la República, Rafael Correa no solo celebrará con una nueva Carta Política elaborada por sus coidearios, sino que –como coinciden analistas– también lo hará con un esquema institucional subordinado, un agigantado sistema comunicacional, una legalidad que se reemplaza por los altos índices de popularidad, y con  bonos y subsidios que crecieron con los precios récord que el petróleo alcanzó en el 2008, como eje de su política social.

La gestión del Mandatario, según la última encuesta de Cedatos,   obtiene apenas  tres puntos menos de aprobación que cuando asumió el cargo: del 73% bajó al 70%. Sin embargo, cuando se le consulta a la población si aprueba su  actitud, el 50% responde que sí,  cuando hace dos años esta  cifra era del   65%. Su credibilidad, asimismo, bajó del 68% al 61%.

En las estrategias de comunicación, analistas hallan coincidencias con las que  usan  los regímenes totalitarios, por el monopolio de la imagen, la fusión de los conceptos Gobierno y Estado, la búsqueda de adhesión emocional y  omnipresencia.

Correa además cuenta con una cercanía a los líderes de los otros poderes del Estado y organismos de control nombrados o ratificados por la Asamblea, donde su partido tuvo amplia mayoría y su influencia fue notoria.

Lo logró en poco tiempo.  El 15 de enero del 2007, cuando Rafael Correa asumió el mando sin el tradicional –aunque incumplido– compromiso público de  respetar la  Constitución entonces vigente, no tenía diputados en el Congreso ni funcionarios afines  en los organismos de control.  

Días de la "revolución ciudadana"
Ningún Presidente de la República, desde el retorno a la democracia en 1979, tuvo toda la maquinaria institucional a su favor como ha ocurrido en tiempos de “revolución ciudadana”, como él mismo dio en llamar  a este momento político. Si bien la democracia, según el escritor y político francés Montesquieu, tiene en el voto popular uno de sus elementos, quizá no es el más importante. La democracia –añade–  es la división del poder, su fragmentación, estableciendo un sistema de gobierno que, con pesos y contrapesos, haga lejana la probabilidad de abusos del poder gubernamental.

¿Existe  en Ecuador? Treinta años y 12 presidentes después de retomarla y salir de dictaduras militares,  Correa ha logrado que, en la práctica, el sistema de contrapeso de poderes termine por extinguirse. En eso coinciden el sociólogo Felipe Burbano de Lara, catedrático  e investigador de procesos populistas, y el analista  Simón Pachano, coordinador de Estudios Políticos de la Flacso. “No  ha sido una persona que ha  respetado las disposiciones  vigentes. Logra  controlar a todas las instituciones, no necesariamente por los medios constitucionales y democráticos, sino con prácticas propias del viejo sistema, pero lo logra con el apoyo de la población, enorme y sostenido”, menciona Pachano.

Control de instituciones
Primero fue la  Asamblea Constituyente –el organismo con mayor poder en el último periodo democrático, capaz de poner y sacar a autoridades, y emitir mandatos que blindan cualquier acción posterior– y ahora un ‘Congresillo’ dominado por el movimiento oficial, al mando de un buró que tiene a  Correa como cabeza. Unas autoridades de control designadas en unos casos  o ratificadas,   en otros, por esa misma mayoría gobiernista y escogidas entre sus leales. 

Por ejemplo,   Diego García fue designado por la Constituyente como procurador  por una petición expresa del Mandatario;  Washington Pesántez,  amigo del Jefe de Estado desde la época universitaria,  asumió como fiscal.  Correa pidió a la Asamblea que remueva de la Superintendencia de Bancos a Alfredo Vergara y ubique a Gloria Sabando.

El contralor Carlos Pólit, hasta entonces cercano a Lucio Gutiérrez (SP), puso su renuncia ante Correa, pero  él no se la aceptó. Fernando Gutiérrez, ex integrante de la Comisión de Juristas del Conesup, que redactó un borrador de la Constitución a pedido del Presidente, fue nombrado defensor. Inicialmente ratificó en la Superintendencia de Compañías a Francisco Arellano,  profesor de Correa en el  San José La Salle, pero salió por exigir diezmos a favor de  PAIS (aunque al principio el Mandatario lo defendió); lo reemplazó Pedro Solines, funcionario cercano a Correa  desde la Subsecretaría de la Administración.

“Este gobierno  ha subordinado a las otras instituciones a la lógica e intereses del Ejecutivo y, por otro lado, les ha limitado su funcionamiento. Ha dominado el Legislativo desde que se dio  el famoso golpe de los manteles (los diputados suplentes que reemplazaron a los destituidos), Tribunal Constitucional, Procuraduría, Contraloría, superintendencias. La única que no había controlado era la Corte de Justicia, pero con ese relevo tan irregular que se produjo (no se sabe)”, opina Burbano de Lara.

Menciona, por ejemplo, que el anterior Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue un aliado en las últimas elecciones y “guardó silencio” en el gasto electoral de PAIS (se demoró casi un año y medio en juzgar las cuentas de la campaña presidencial y lo eximió del control del gasto en el referéndum de la   Constitución).

Subordinación al Ejecutivo
La propia Asamblea dejó claro que todos los poderes debían subordinarse. En su primer mandato señaló que “sus decisiones son jerárquicamente superiores a cualquier otra norma de orden jurídico  y de obligatorio cumplimiento sin excepción alguna”.

Más que en la legalidad, en su popularidad ha asentado  decisiones polémicas,  en pugna con las reglas. Ejemplos. Cuando el TSE destituyó, de un solo tajo, a 57 integrantes del Congreso opositor, el Gobierno buscó mayoría entre los suplentes y custodió su ingreso al pleno con policías. O la instalación de una Asamblea que no cumplió literalmente lo establecido en su estatuto  de funcionamiento y cuyos miembros fueron “capacitados” por él en varios “talleres”.

En al menos diez casos trascendentales prevaleció la postura del Ejecutivo o, al menos, dio su venia. Por ejemplo,  en la convocatoria a consulta popular para la instalación de una Constituyente, pese a la pugna legal de si esta debía ser aprobada por el Congreso; las facultades absolutas que asumió la Asamblea, aunque su estatuto hablaba solo de redactar la nueva Carta Política y reformar la institucionalidad del Estado, lo que entraría en vigencia solo tras su aprobación en referéndum; el paso de Tribunal Constitucional a Corte Constitucional, aunque el régimen de transición nunca contempló un ente temporal...

Campaña permanente
La analista Patricia de la Torre, catedrática e investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), cree que, pese a todo, Correa ha logrado mantener niveles de popularidad y credibilidad como ningún otro presidente por un aspecto fundamental:  el cumplimiento de la palabra dada.

“Las ofertas se han ido cumpliendo paulatinamente. En medio de vicisitudes, sí, pero ha sido una constante y un factor que abona a que capte apoyo. La gente le da  más importancia a que cumpla su palabra  que a cómo se la cumple, a los mecanismos”, dice. Menciona, por ejemplo, los bonos y la reforma institucional. 

Eso sumado a una campaña permanente que lo tiene siempre en la palestra pública. “Es una guerra avisada. Él mismo ha dicho que siempre se mantendrá en campaña”, señala.

Pueblo avala gestión
La gestión del  Mandatario, según la última encuesta de Cedatos (ver gráfico*),  obtiene apenas  tres puntos menos de aprobación que cuando asumió el cargo: del 73% bajó al 70%. Sin embargo, cuando se le consulta a la población si aprueba su  actitud, el 50% responde que sí,  cuando hace dos años esta  cifra era del   65%. Su credibilidad, asimismo, bajó del 68% al 61%.

Santiago Pérez, que efectúa los  sondeos oficiales, midió la “evolución” del régimen. Al inicio, el 20% la calificó como “muy buena”; el 67%,  “buena”; el 6%, “mala”; y el 1%, “muy mala”. A noviembre pasado, en su último trabajo,  el 18% la evaluó como  “muy buena”; el 58%, “buena”; el  16%, “mala”; el   5%, “muy mala”; y el  3% no sabe o no responde.

La  ex ministra de Economía, Wilma Salgado, tiene otra tesis. “Hay pueblos tan necesitados, cualquier cosa produce un impacto político enorme. Lucio entregó picos y palas y ellos estaban  agradecidos... Cualquier cosita que reciben es altamente agradecida  y, en ese sentido, es políticamente rentable repartir cosas por todos lados. Lo grave es que, a la larga, no mejoran la capacidad productiva”, señala.

El gobierno de Correa ha empleado, además, unos $ 1.500 millones de dólares para atender emergencias en al menos doce frentes, según datos del Ministerio de Economía y el Observatorio de Política Fiscal.

 “Con este Gobierno cambió la concepción global del manejo económico, un modelo en el que  prevalece la intervención del Estado en la economía  por encima de la iniciativa privada, de los mercados y los capitales. Se traduce en mayor gasto público y  mayor asistencialismo”, opina Jaime Carrera, secretario  del Observatorio, quien piensa que la  Constitución dejó delineado un modelo que no tiende a generar, sino a redistribuir. El país eliminó los fondos de ahorro y “hoy es cuando se siente la necesidad de haber sido prudentes en el manejo fiscal”, agrega.

Bonos, subsidios, decretos de emergencia
De hecho,  el aumento de los subsidios,  bonos y la sistemática emisión de decretos de emergencia también han marcado  un estilo de Gobierno. Solo en el 2008, aprovechando los altos ingresos a las arcas fiscales por el precio del crudo,  Correa  destinó casi  $ 6 mil millones en  subsidios, según datos del Observatorio de Política Fiscal, y en el 2007  esta  cifra superó los  $ 3,2 millones. Son montos altos si se considera que anteriores gobiernos destinaron $ 916 millones (2003), $ 1.206 millones (2004), $ 1.825 millones  (2005) y $ 1.900 millones (2006).

“En Europa se subsidia a los  agricultores, pero dentro de políticas para fortalecer la producción o la  seguridad alimentaria. Si se entrega sin medida ni orientación no se sabe si va a retribuirle al país. Más allá de duplicar  bonos, no se ha avanzado en incentivar una actividad productiva”, cree Salgado.

De la Torre tiene otra postura. Para ella se debe “romper el mito”. “En política, ¿qué cosa no está atravesada por el interés? La política  es la conjunción de una cantidad de intereses de dar y recibir. El problema es qué tipo de intereses están en juego”. Menciona, por ejemplo, que una de las características inéditas de este gobierno, en sus dos años de gestión, es el acercamiento a las autoridades seccionales, como alcaldes y  prefectos. “Las alianzas le permiten también llegar a medios muy locales, a comunidades apartadas, son mecanismos asertivos”, añade.

Poder presidencial directo e indirecto
También robusteció el poder Ejecutivo, que algunos califican de hiperpresidencialismo. En 66 de los 444 artículos de la nueva Constitución tiene facultades directas y en otras decenas ejerce poder en forma indirecta.

 “Estos procesos (de trasformación) no son diáfanos  ni claros”, justifica De la Torre. “No porque se tiene a un nuevo presidente o una nueva Constitución la realidad se va a modificar de la noche a la mañana. La democracia no existe todavía y estamos lejos porque no se han eliminado todavía elementos antidemocráticos, por ejemplo, relaciones de compadrazgo, las clientelas, los   parentescos y amistades para ocupar cargos”.

De la Torre destaca otra característica del actual gobierno: ha hecho de la burguesía intelectual académica su fuente de poder, al ubicar a sus representantes en ministerios o  instituciones clave. “No son los indígenas, no son los empresarios, no es la gente común. Es una clase intelectual la que ha  sostenido, desde el ejercicio del poder, la llamada ‘revolución ciudadana’ durante estos dos años”.