Colombia someterá al detector de mentiras a todos los oficiales de sus Fuerzas Armadas como requisito para ascensos a grados superiores y cursos especiales, dentro de una estrategia para combatir violaciones a los derechos humanos, informó este lunes un alto oficial.
La decisión es parte de un paquete de 15 medidas que presentó el Ministerio de Defensa durante la primera rendición de cuentas sobre derechos humanos, en momentos en que las Fuerzas Militares enfrentan uno de los peores escándalos en su historia reciente por abusos de algunos de sus efectivos.
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En medio del escándalo 40 efectivos del Ejército, incluidos tres generales, han sido destituidos desde fines de octubre por supuestamente estar implicados en ejecuciones extrajudiciales de civiles, que presentaron ante sus superiores como integrantes de grupos armados ilegales muertos en combates.
El comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, anunció que el polígrafo será indispensable para que los oficiales que aspiran a ascender del grado de mayor a teniente coronel y de coronel a general o almirante, obtengan la certificación en derechos humanos.
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"Mientras volvemos a la Colombia de ayer, tenemos que tomar unas precauciones a efecto de garantizar que no nos equivoquemos cuando seleccionamos una persona, cuando le damos la oportunidad de progresar dentro de la institución y cuando le damos cargo de responsabilidad", explicó el alto oficial.
Para los ascensos, además del polígrafo, se revisarán minuciosamente los antecedentes de cada uniformado, de manera que no tenga investigaciones formales ni sanciones por presuntas violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario, sostuvo Padilla de León.
ESCANDALO CON REPERCUSIONES
Adicionalmente, las Fuerzas Militares mantendrán la doctrina de los derechos humanos, la revisión de la instrucción y la capacitación, el fortalecimiento de los inspectores delegados, la evaluación del desempeño, la recepción de quejas y el acompañamiento de la policía judicial durante los operativos.
El escándalo por las violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos de las Fuerzas Militares amenaza con provocar una reducción y una estricta fiscalización de la ayuda militar que le entrega Estados Unidos para combatir el narcotráfico y la guerrilla izquierdista.
Los abusos también podrían mantener bloqueada la aprobación de un Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos debido a la posición de los demócratas que exigen más respeto a los derechos humanos y protección a los dirigentes sindicales.
Un reciente informe de un grupo de derechos humanos reveló que entre enero del 2007 y junio del 2008 se registraron 535 casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, mientras que la Procuraduría realiza 930 investigaciones que involucran a 2.300 efectivos.
El presidente Alvaro Uribe asumió la presidencia el 7 de agosto del 2002 después de ganar la elección con la promesa de derrotar a la guerrilla en un país hastiado por la violencia.
El mandatario aumentó el número de efectivos de las Fuerzas Armadas, el presupuesto militar y ordenó el pago de recompensas a informantes.
La ofensiva obligó a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a replegarse en apartadas zonas selváticas y montañosas, mientras los índices de asesinatos, masacres, secuestros y atentados se redujeron considerablemente.
Uribe exige a los comandantes de las Fuerzas Armadas resultados en la ofensiva contra la guerrilla, lo que, según especialistas, ha contribuido al aumento de violaciones a los derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales.