Ejército colombiano hizo pasar a inocentes como guerrilleros

Críticas a campaña de ‘exterminio’ que ofrecía a militares compensaciones por baja de irregulares.

Los familiares de cerca de dos mil personas declaradas como desaparecidas se sorprendieron hace pocos días cuando el presidente Álvaro Uribe y su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos,  reconocieron públicamente  una campaña de “exterminio” auspiciada y ejecutada desde las Fuerzas Militares de Colombia.

En los últimos años han sido recurrentes miles de denuncias de abusos de miembros de la Fuerza Pública contra la población civil, en especial campesinos y personas de escasos recursos, que aparecen acribillados y reportados como guerrilleros “muertos en combate”.

La cadena la inician los “reclutadores”, generalmente paramilitares desmovilizados que ofrecen trabajos a jóvenes de estratos bajos por jugosos salarios y los entregan a militares que los dan de baja como supuestos guerrilleros tras falsos combates, descubrió una investigación de la revista Semana.

Estos hechos, pese a los reclamos de familiares, siempre fueron calificados por la institución armada como “casos aislados”, y aunque había indicios de que algo ocurría, no se había logrado establecer la magnitud de los asesinatos.

Los abusos recién pudieron descubrirse cuando un personero del municipio de Soacha (cerca a Bogotá) tuvo la valentía de denunciar que once “guerrilleros” dados de baja en un supuesto combate en el departamento del norte de Santander, frontera con Venezuela, eran pobladores de esa localidad que habían sido contactados por militares y llevados bajo la promesa de un empleo hasta el lugar donde fueron masacrados.

Roberto Jairo Mesa, de Soacha, denunció la desaparición de su hermano el 26 de enero. Este fue encontrado al día siguiente, a las 22:00, en una fosa común en Ocaña a 400 km al noreste de Bogotá, con otros diez cuerpos de adolescentes, la mayoría menores de edad, desaparecidos en Soacha y técnicamente dados de baja en combate por efectivos del Ejército.

Según analistas, el problema se originó por la práctica, incluida en la Política de Seguridad Democrática de Uribe, de dar recompensas a los militares por guerrilleros eliminados.

“Los desaparecidos en Soacha destaparon el hueco ético de la política de recompensas que permitió que las bajas tuvieran un precio para los militares”, afirma Ana María Cano Posada en Elespectador.com.

“Eran presentados (o disfrazados) como guerrilleros y luego se cobraban las recompensas tan ‘exitosas’ dentro de la Política de Seguridad Democrática”, critica en el sitio Portafolio.com el analista Alfonso Gómez Méndez.

Medios independientes habían denunciado “la directiva ministerial Nº 029 del 2005, del ex ministro de Defensa Camilo Ospina, en la cual se ofrecen recompensas por insurgentes dados de baja”.

Casos similares se dieron  en el 2006 y 2007 en Cali.  El 19 de diciembre del 2006, diez hombres fueron contratados para pintar una escuela. Dos días después, los cuerpos de Ditdehar Roldán, de 17 años; Norberto Mosquera, 26; y Enrique Quiñónez,  de 20, fueron hallados en un cementerio cerca a Cali.  Algo parecido ocurrió el 9 de mayo del 2007 con José Alexander Zapata, 25 años, y el 6 de noviembre con Víctor Hugo Bossa (25), constructor y padre de tres hijos; John Éider Corrales Chalá (28), soldador y con tres hijos; y Gustavo González Daza (28), vendedor ambulante,  cuyos cuerpos aparecieron en Villacarmelo, al sur de Cali.

Autoridades y parientes de otros miles de desaparecidos en distintas zonas del país relacionaron entonces la fecha de ausencia de sus seres queridos y la de los “dados de baja” por supuestos combates y sepultados en fosas comunes como guerrilleros sin identificar.

Los militares implicados confiaban en que la gran distancia entre el lugar de residencia de las víctimas y el sitio donde simulaban el combate y los enterraban nunca permitiría que se relacionara su desaparición con estos actos criminales, calificados en el argot militar como “falsos positivos”.

Lo que inició el “destape” de los “falsos positivos” fue la denuncia del soldado Luis Esteban Montes de que su hermano Leonardo había sido asesinado por sus compañeros en abril del 2007 y mostrado como guerrillero muerto en combate.

Por la presunta responsabilidad en los hechos de Soacha salieron de las Fuerzas Militares tres generales, once coroneles, tres mayores, un capitán, un teniente y seis suboficiales, así como el comandante del Ejército,  general Mario Montoya, cuyo reemplazo, el general Óscar González, “tiene la sombra de 355 falsos positivos en la IV Brigada de Antioquia cuando era su jefe”, afirma Cano.