La audiencia de amparo de libertad solicitada por el abogado defensor de Carlos Javier Hidalgo Ronquillo (conocido como Margarito) no se realizó ayer porque la Policía no llevó al detenido hasta la Corte Superior de Justicia.
A Hidalgo Ronquillo se lo acusa de protagonizar el pasado 25 de septiembre, día del cierre de campaña para el referéndum, un incidente con la seguridad presidencial y de insultar al presidente de la República, Rafael Correa, cuando pasaba por la central del Prian (Esmeraldas y Piedrahíta).
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La audiencia que estaba fijada por el presidente de la Corte de Justicia, Primo Díaz, para las 11:00 no se realizó, porque según explicó el abogado defensor Carlos Vera, la Policía Judicial no contaba con la logística para trasladar al detenido.
“No queremos pensar que se trata de alguna maniobra en contra de mi defendido y más bien iniciaremos el trámite ante el Presidente de la Corte para que fije una nueva audiencia en el menor tiempo posible”, sostuvo Vera.
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Mientras tanto, los familiares de Hidalgo que se encontraban afuera del Juzgado V de lo Penal a la espera del detenido mostraron su descontento y desesperación por la suspensión de la audiencia.
Violeta Ronquillo Carpio, madre de Hidalgo, pidió al Primer Mandatario que deje en libertad a su hijo, porque él solo estaba cumpliendo con su trabajo que era entregar hojas volantes por el No en las afueras de la central de Prian.
“Nunca lo insultó, lo único que hizo fue lanzar la hoja y ahora está detenido como si fuera el peor de los delincuentes, y no lo podemos ver porque no lo permiten”, sostuvo entre lágrimas mientras mostraba una carta dirigida al presidente Correa, en la que pide la libertad de su hijo.
Luego de suspendida la audiencia, los familiares de Hidalgo realizaron un plantón en los exteriores de la Corte Superior de Justicia para pedir por la libertad del aprehendido, quien tiene una hija de 3 años.
Hidalgo permanece detenido desde el pasado 23 de octubre en la Policía Judicial del Guayas, bajo la acusación de agresión verbal al Presidente. Por este delito podría recibir una sentencia de tres a seis años de reclusión menor.