Expectativa de ajustes en planes y cambios de funcionarios se mantiene.

La presión del presidente Rafael Correa a sus ministros para que presenten planes reales que permitan reducir los índices de inseguridad en el país se acentuaron ayer durante el gabinete ampliado de seguridad que mantuvieron en el Salón de Banquetes de Carondelet.

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El encuentro inició a las 16:00 y una de las primeras personas en llegar fue Rodrigo Vivar, presidente del Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador (Concope), quien al igual que el resto de autoridades prefirieron no dar declaraciones hasta el término de la reunión.

En la mañana, los tres ministerios encargados del tema: Fernando Bustamante (Gobierno), Gustavo Larrea (Seguridad) y Gustavo Jalkh (Justicia) aceleraban la elaboración de los informes, las evaluaciones y los nuevos “planes” para lograr convencer al mandatario de que la situación iba a cambiar.

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En el Ministerio de Gobierno, donde hasta ayer no se encontraba reemplazo para Valentina Ramia, la propuesta se basaba en los siguientes ejes: plan de modernización de la Policía, evaluación permanente de resultados a los comandantes, operativos localizados, patrullaje intensivo, fortalecimiento de inteligencia antidelincuencial, veedurías ciudadanas.

De forma extraoficial se conoció que como medida de presión a la Fuerza Pública también se analizaba reducir al 50% el personal administrativo  para que más policías salgan a las calles. Además, se estableció que el ministro Bustamante coordine directamente con las otras instituciones los planes de seguridad.

Esto último, después de que Correa lamentara en su enlace radial del sábado pasado la falta de liderazgo para alcanzar los objetivos y que autoridades como el Ministro de Gobierno no hayan impulsado adecuadamente una mejor coordinación entre instituciones que tienen relación directa con ese tema.

Pese a las propuestas ministeriales, la expectativa sobre ajustes y cambios tanto en los planes como en los funcionarios se mantenía ayer en el Ejecutivo, debido a que Correa no solo convocó a las autoridades;  también al fiscal General, Washington Pesántez, con quien Bustamante había diferido en torno a la posibilidad de mostrar el rostro de los delincuentes, y a representantes de empresas de seguridad privada.

Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, también acudió y no se descartó la asistencia de un delegado de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME).

En la mañana, Jorge Vacas, asesor de la Asociación de Profesionales en Seguridad Privada e invitado a la reunión en la Presidencia, se mostró crítico del manejo que se le había dado al tema en el Gobierno. Dijo que se puso gente sin experiencia y que recién ahora buscaban el criterio de los profesionales en seguridad privada.

Vacas señaló que, aparte de los dos ex viceministros Juan Sebastián Roldán y Valentina Ramia, Bustamante también debió renunciar por “honestidad”, ya que no conoce sobre el tema. Pero esa posible salida  se mantenía en suspenso hasta conocer la reacción de Correa a las propuestas de la reunión.

Los cambios de autoridades en el Ministerio de Gobierno y en la cúpula policial no se darían en las próximas horas; pero, no estarían del todo descartados para las siguientes semanas, dependiendo de los efectivos que le resulten al primer mandatario los informes presentados. Por el momento, los ajustes en los planes y proyectos contra la inseguridad son la prioridad.

TEXTUALES: Rafael Correa

13 de septiembre del 2008
“La delincuencia se redujo en este Gobierno (...). En las últimas dos semanas, sospechosísimamente, empezó a rebrotar”.

1 de noviembre del 2008
“No se ve la revolución ciudadana en la seguridad y vamos a tomar medidas, ya no voy a seguir dando más dilatorias a esto”.

Apuntes
Proyecto inicial en nada
El plan que se expuso el 29 de marzo pasado quedó en los papeles porque no se cumplieron sus objetivos.