El proyecto de Ley de Seguridad Financiera, presentado el lunes ante el Congresillo, se asienta en tres pilares: la creación de un Fondo de Liquidez conformado por dineros de la banca privada y que servirá para realizar préstamos de última instancia al propio sector financiero, una Corporación del Seguro de los Depósitos que reconocerá hasta $ 20 mil a los depositantes de los bancos si cierran y las reformas a varios otros cuerpos legales.
El proyecto, también entregado en Montecristi, pretende según el Ministerio de Coordinación de la Política Económica crear incentivos para las instituciones financieras, a fin de que puedan cumplir su función social de intermediarios financieros y canalicen mejor el ahorro hacia la inversión.
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Sin embargo, según León Roldós, asambleísta de la RED, hay varias contradicciones. Por ejemplo, el fondo de liquidez se convierte más en un impuesto a la banca, así como congela la liquidez de los mismos. Sin embargo, en la ley también se indica que esos dineros podrán ser invertidos en activos en el extranjero, lo cual contradice el discurso gubernamental que ha condenado la presencia de fondos en el extranjero.
Marcos López, miembro del Directorio del Banco Central, se muestra escéptico acerca de la conformación del directorio del fondo (cuatro miembros del Gobierno y dos de las entidades financieras), pues dice que anularía la participación del sector privado.
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Considera que no está claro quién administrará el fondo, que a la vez sería un fideicomiso. Según la ley de Valores, un fideicomiso debe ser administrado por la entidad fiduciaria, que en este caso sería el Central, pero en la ley indica que el representante será uno de los miembros del directorio.
Para López, la séptima disposición transitoria representa un atraco al Central y un engaño al mercado de valores, pues se le ordena entregar a precio 0 unos 1.086 millones en bonos, que según él equivale al 11% de los activos de la entidad.
Para Roldós, la ley fortalece el estatismo, y esta no es la solución. Lo que se debiera hacer es desarrollar mayores controles financieros, incluso en las utilidades.
Un ejemplo de ello es la decisión de eliminar la obligación del Seguro Social y de otras entidades públicas de invertir en la Bolsa de Valores. De esta manera, el Estado pasa a controlar ese tipo de inversiones, opinó.
Pese a todas las críticas, Roldós aseguró que la ley tiene partes positivas, como el definir el régimen de Garantía de Depósitos, y un ordenamiento de liquidación de las entidades que están en la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), y que se perdonen a los deudores de esa entidad que tienen créditos hasta de $ 1.000. De esta manera se depura el sistema.
TRÁMITE: Normativa
Entrega
La Ley de Seguridad Financiera llegó a la Asamblea Constituyente a fines de julio, pero no se le dio trámite porque esta tenía prisa por entregar el texto constitucional.
Calificación
Según el mandato 23, el Consejo de Administración Legislativa debe calificar el proyecto de Ley y, si lo acepta, establecer la prioridad de aprobación. Luego, el documento pasará a la comisión legislativa encargada de la temática.