Ecuador cerró hace 10 años un largo y costoso conflicto bélico

Hoy se cumplen 10 años del acuerdo de paz, firmado en Brasilia, y con el que Ecuador y Perú pusieron fin a un conflicto que duró 56 años en su etapa más aguda. Los dos países se comprometieron a aportar $ 3 mil millones para diversas obras en la región fronteriza; sin embargo, el avance en la mayoría  no ha iniciado.

Diez años después de la firma de un acuerdo de paz que puso fin al conflicto entre Ecuador y Perú y que  abrazó esperanzas de progreso con ofertas por $ 3 mil millones en ayudas, la extrema pobreza y deficientes condiciones de vida no han cambiado en  las comunidades fronterizas.

Los resultados del denominado acuerdo de Brasilia, firmado el 26 de octubre de 1998, en el que Ecuador y Perú se comprometieron a través del Plan Binacional a emprender obras y proyectos en la Zona de Integración Fronteriza (ZIF), “no se ven en la realidad”, cuestionan habitantes y autoridades de la región.

Paradójicamente, hoy se cumplen los 10 años de plazo para la ejecución de ese  plan, en el que se debían invertir $ 1.500 millones tanto del lado ecuatoriano como del peruano, pero ni los responsables aciertan con claridad sobre el avance de los proyectos. En las comunidades indígenas de las llamadas fronteras vivas el estado de aislamiento y abandono se mantiene.

Al mediodía del pasado miércoles una avioneta del Servicio Aéreo Misional  (SAM), de los misioneros salesianos, maniobró  para aterrizar en un trecho cubierto de monte en la comunidad Shuar Warintsa, en Morona Santiago,  a 30 kilómetros de la frontera con Perú. Parte de los 450 habitantes salieron de sus casas y se alegraron al verla.

Como ocurre desde hace 10 años, la avioneta es el único medio para salir del lugar enclavado en  la selva. La otra vía ¬y la más utilizada¬ es la llamada “pica”, un sendero por el cual tras dos días de caminta se llega al cantón Limón Indanza para abastecerse, sobre todo de sal.

Warintsa está al pie de donde comienza la cordillera de El Cóndor y en cuyo pueblo los militares instalaron un campamento durante la Guerra del Cenepa. Precisamente eso es lo que indigna a los moradores. “Fuimos generosos con ellos, les dimos hasta información del lugar y después se olvidaron de nosotros”, dice el vicesíndico (e) del lugar, Frank Puwairichios.

El servicio aéreo es más solicitado en casos de enfermos de gravedad,  a través de un sistema de radio  que no siempre es efectivo por las condiciones geográficas y climáticas. Por ello deben ser trasladados vía terrestre, donde algunos han muerto, dice Alberto Tueremp, presidente de la asociación Shuar Nunkui.

Los $ 460  por fletar la nave o $ 35 por persona no están al alcance de los habitantes, cuenta Juan Shutka, religioso que dirige en Macas el SAM, el único medio que desde hace 25 años cubre con diez vuelos diarios las rutas de 116 comunidades.

Paúl Cruz, piloto  del SAM, ironiza al comentar que mientras el Gobierno  subsidia el combustible a los vuelos  comerciales, a ellos –que tienen una obra social– no se los considera.

Tras la guerra, uno de los principales ofrecimientos a las  comunidades que vivieron de cerca el conflicto fue la construcción de la denominada carretera de la paz, que uniría varias etnias de la Amazonía.

La vía debía nacer desde el cantón Limón Indanza hasta Tiwintza, bastión del conflicto entre los dos países y del cual solo quedó un kilómetro cuadrado que el gobierno peruano otorgó a Ecuador, pero sin soberanía.

Yanguza, Maikiuants, Kuankus, Warintsa y Banderas, ubicadas al pie de la frontera, serían las poblaciones beneficiadas; sin embargo, hasta la fecha, de esa obra “ni siquiera hay estudios”, asegura el prefecto de Morona Santiago, Jaime Mejía.

Hace cuatro años se inició la construcción de esa vía y al momento han avanzado desde Limón Indanza hasta el río Zamora, en donde está estancada porque se necesita un puente de 150 metros de longitud, cuyo costo de $ 4 millones les resulta “imposible conseguir”, dice Mejía.

Además de unos chanchos, sistemas de agua y $ 222 mil del gobierno de Finlandia, a través del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para planes educativos, en esta provincia no se han visto recursos en obras viales, lo que más necesitan las comunidades, dice el viceprefecto, Juanito Taisha.

Mejía también menciona que con la asignación de $ 2 millones del gobierno de Luxemburgo recién en abril se inició la construcción del hospital de Macas. Según Frank Arellano, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en febrero concluirá parte de la obra. Esto se suma a los $ 6 millones que entregó el gobierno japonés en maquinaria.

En Morona Santiago solo para vialidad se requieren unos $ 300 millones y otros $ 150 millones para salud, educación, entre otras áreas, dice Mejía.

El descontento es similar en otras provincias. Para el alcalde de Huaquillas (El Oro), Manuel Aguirre, el mayor beneficio es la libertad para transitar  y la confianza para invertir porque las obras ofrecidas están paralizadas o retrasadas. En el cantón lojano Macará, el alcalde Pedro Quito comenta que debieron esperar seis años para tener la obra que consideran más grande: el hospital binacional, a un costo de $ 2 millones.

“Cuando pedíamos el corredor vial Sullana-Macará-Loja no nos paraban bola, pero si hablaban del corredor Guayaquil-Piura ya  le prestaban más atención”, dice al enfatizar que siempre se han tomado en cuenta obras de mayor envergadura.

El avance de los trabajos de vialidad es relativo. Las obras han estado postergadas por años: algunas han avanzado con lentitud, en unos casos, y en otros ni siquiera empiezan.

Mientras en el eje vial 1 (Guayaquil-Piura) la rehabilitación de la carretera Santa Rosa-Huaquillas está por concluir, el avance en la construcción del Centro Binacional de Atención en Frontera y la variante internacional es mínimo.

En el eje 2 (Arenillas-Sullana) Ecuador incumplió su parte. El país debía construir dos puentes en los ejes 2 y 3; Perú,  en los ejes 1 y 4. Perú cumplió, pero Ecuador recién inició los trabajos en el puente Lalamor, en el eje 2.

En el eje 3 (Loja-Sullana)  los trabajos están en proceso de licitación. En el 4 (Loja-Sarameriza) la construcción no empieza en dos de los tres tramos, pese a que ya se adjudicaron. En el 5 (Puerto Bolívar-Sarameriza) todavía no se adjudica el tramo Méndez-San José.

El coordinador general del Plan Binacional capítulo Ecuador, Rómulo Chávez, admite que, pese al monto de inversión anunciado en la región, el abandono todavía resulta evidente. “Es normal el sentimiento de frustración y coraje porque fue

ron engañados. Tienen toda la razón porque los gobiernos han destinado muy poco para cubrir sus necesidades”, dice tras señalar que recién ahora, en el décimo año del Plan Binacional, la institución cuenta con una partida de $ 6 millones que ha permitido suscribir 110 convenios con los municipios para obras.

Ecuador, sin embargo, no ha cumplido su meta de desembolso. Al menos no en la práctica. Ambos países, cuando firmaron la paz, acordaron la inversión en la ZIF de los $ 3.000 millones. “Pero en los primeros nueve años Ecuador apenas llega a la mitad de los desembolsos que debía hacer”, señala Chávez.

En efecto, en los primeros ocho años del Plan Binacional –cuatro gobiernos, desde Jamil Mahuad hasta Alfredo Palacio– se invirtieron $ 718’597.883 en el lado ecuatoriano, apenas el 47% de lo comprometido en 1998.

Chávez maneja una versión: “El proceso de narcotráfico y la guerrilla en Colombia han ocasionado que, luego de la firma de la paz, los gobiernos miren más hacia  la frontera norte”.

Ya en el 2008, último año para poner en ejecución los acuerdos, el Gobierno comprometió recursos por $ 902’387.695 (más del 63% se destinará a vialidad), lo que suma $ 1.620’985.577. 

¿Pero se refleja la inversión de estos fondos en la zona de frontera? Aún no. “En este periodo, el Gobierno ha asumido compromisos por $ 902 millones. No significa que ya se ha entregado este dinero, sino que se ha comprometido ese monto para los próximos tres años en obras que han empezado o van a iniciarse y cuyos recursos se entregarán paulatinamente”, dice Chávez.

El coordinador del plan asegura no haber procesado todavía qué porcentaje de esos $ 902 millones ya se han desembolsado para conocer cuánto dinero en realidad destinó Ecuador en los 10 años de plazo.

Para que las dos instituciones que llevan adelante los programas en Ecuador y Perú puedan funcionar necesitaban financiamiento, pero este ha sido disparejo. Hasta el 2007 Perú había asignado $ 14 millones a su entidad (hoy llega a $ 18 millones) y Ecuador apenas $ 670 mil.

Los 1,6 millones de habitantes de la zona de integración fronteriza en el lado ecuatoriano, que incluye a 71 cantones de ocho provincias a los que el Plan Binacional pretendía beneficiar, aún deberán esperar. El Plan se extenderá hasta el 2014.