El asesor de comunicación para América Latina de la petrolera estadounidense Chevron-Texaco, James Craig, pidió este miércoles al Gobierno de Ecuador que deje de interferir en el juicio por daños ambientales que afronta en una corte ecuatoriana.
Craig aseguró a Efe que durante los últimos dos años, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, y varios de sus ministros han hecho comentarios en los que acusan a la compañía de serios daños ambientales, lo que a su juicio, es una actitud de "interferencia" en el proceso judicial.
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"En este momento estamos viendo una interferencia política indebida y pedimos que eso pare", dijo Craig tras aseverar que el Gobierno de Quito "no tiene por qué estar metiéndose en un juicio de una empresa privada con ciudadanos civiles".
"Eso es una presión política frente al cual ninguna Corte puede tener una actuación basada en la ley, es una presión evidente y obvia", aseveró el portavoz de Texaco, demandada en Ecuador por miles de habitantes que aseguran haber sufrido impactos de la contaminación que le atribuyen a esa compañía.
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Sin embargo, el funcionario agregó que espera que la Corte de Nueva Loja, capital de la provincia de Sucumbíos, en el este de Ecuador, donde se lleva el proceso, realice un "juicio limpio".
Según Craig, quien asegura que Chevron-Texaco cumplió con la limpieza ambiental en las zonas donde operó por casi 30 años, espera que el nuevo juez revise con "objetividad" los archivos del juicio que tiene alrededor de 200.000 páginas.
"Esperamos y pedimos un juicio limpio y una decisión de este juez que llegue a la altura del caso, que es de importancia no sólo para Chevron, sino para la gente" de la Amazonía, dijo el funcionario.
Craig, sin embargo, señaló que si el dictamen es desfavorable para Chevron la empresa apelará el fallo en la Corte Suprema de Justicia de Ecuador y aseguró que "agotará" todos los recursos legales en el país para tratar de revertir la resolución.
"Tenemos el recurso de apelar, es el derecho que tenemos", dijo Craig, al asegurar que hay que "respetar las instituciones democráticas e instituciones de derecho del país".
Además, tenemos "las esperanzas de un juicio limpio, sin que existan presiones políticas e intromisión; esperamos que eso se rectifique", agregó Craig.
El Gobierno, por su parte, ha asegurado que no ha interferido en el juicio que 30.000 indígenas de la Amazonía llevan adelante contra Texaco, aunque ha expresado su solidaridad con los perjudicados por la contaminación petrolera en la Amazonía.
Los pobladores denunciaron a Texaco por daños en más de 500.000 hectáreas de la región amazónica y la aparición de enfermedades como cáncer y afecciones a la piel, así como abortos naturales, por lo que reclaman a la petrolera una millonaria indemnización.
Chevron-Texaco operó en la Amazonía de Ecuador entre 1965 y 1992.