Garzón Abad fue presidente de la Sociedad Financiera Iberoamericana (Finiber), que quebró durante la crisis bancaria. Fue sobreseído en enero del 2003, por la Sexta Sala de la Corte Superior de Quito (CSQ). Se le acusaba del delito de ocultar información, causando un perjuicio a la entidad de  200 mil dólares. La Sala revocó la sentencia del juez 8º de lo Penal de Pichincha, Holguer Villavicencio, quien halló culpable a Garzón Abad de peculado, basado en un dictamen acusatorio de la Fiscalía.