Domingo 28 de septiembre del 2008 Política

En 17 constituciones, los diputados pusieron jueces

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Cientos de quiteños protestaron por la politización de la Corte Suprema de Justicia en el 2005.

El poder que tiene para juzgar a los políticos ha sido el mayor pecado de la Corte Suprema de Justicia desde que Ecuador es república en 1830. Desde ese momento, hace 178 años, se han redactado 19 constituciones, en las que se ha establecido cómo será la designación del máximo tribunal de justicia del país.

En la primera, la atribución de nombrar a los jueces de la entonces Alta Corte de Justicia fue del Presidente de la República, pero en 17 de ellas ha sido el Congreso Nacional el que ha tenido la función de nombrar a los magistrados y también la potestad de censurarlos.

Desde 1830, Ecuador ha tenido 102 presidentes de la Corte Suprema y en el último periodo democrático (1978-2008) han habido 19 titulares de este organismo de justicia, algo que según constitucionalistas, refleja   el “manoseo y la inestabilidad”, según sea el caso, de esta función del Estado.

“Los políticos tratan de controlar la Función Judicial para proteger a sus afiliados y también es apetecida porque les sirve para sus venganzas de tipo político”, dice Luis Hidalgo, director de Lexis, organización dedicada a las publicaciones de temas jurídicos en el país.

Como ejemplo, Hidalgo cita las situaciones de dos funcionarias públicas, en quienes, considera, los políticos aplicaron la justicia según sus intereses: la alcaldesa de Durán, Mariana Mendieta, sobre la cual pesan órdenes de prisión que no se han ejecutado; y la prefecta de Napo, Guadalupe Llori, quien pese a tener órdenes de libertad permanecía en prisión hasta el martes pasado en que quedó libre tras un hábeas corpus.

Es que quien domina la justicia es muy poderoso, opina Hidalgo. Y lo es, según refieren constitucionalistas, porque es esta función la que hasta ahora tiene la potestad de aplicar el articulado de la Constitución. Lo que indica cada uno de los enunciados de la Carta Política se ejecuta en los pronunciamientos de los magistrados y jueces.

Además, señalan los analistas, el poder jurídico que representa al poder judicial juega un rol en el equilibrio de los poderes y a ninguno de los poderes les gusta que los controlen.

Desde 1830 las cortes han sufrido la intromisión de los políticos. Pero es, según los juristas, desde el último periodo democrático en el que se produce la mayor cantidad de injerencias, pues en 1979, año en que se expide la Ley de Elecciones, surgen decenas de movimientos políticos con fines electorales.

A partir de ese momento comienza la búsqueda del poder de los partidos por dominar el organismo juzgador. “Es el plato favorito de los políticos que de alguna manera están guardando sus espaldas frente a cualquier situación que puedan cometer y puedan ser objeto de enjuiciamiento, ellos buscan su respaldo para que no puedan ser sancionados por la justicia”, dice Rosendo López, miembro de la Comisión Calificadora que nombró a los actuales magistrados de la Corte Suprema en el 2005.

Antes de esa última reorganización, la Corte sufrió injerencias del Legislativo cuatro veces, en las que se reestructuró totalmente. La primera fue en 1984, cuando el Congreso declara destituida a la Corte Suprema, luego en octubre de 1997 nuevamente los diputados reestructuran la Función Judicial y designan a los 31 magistrados. En diciembre del 2004 otra vez los legisladores declaran terminados los periodos de la CSJ. Cuatro meses después, en abril del 2005, el presidente Lucio Gutiérrez destituye una vez más a la Corte Suprema, decisión que el Congreso ratificó después.

De estos hechos, el más escandaloso ocurrió en marzo del 2005, cuando el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Guillermo Castro Dáger, del Partido Roldosista Ecuatoriano, declara la nulidad de los juicios contra Abdalá Bucaram, Gustavo Noboa y Alberto Dahik, lo que ocasionó tal beligerancia interna que provoca el derrocamiento de Lucio Gutiérrez.

Ese año, una reforma judicial permitió la designación de los magistrados por concurso de méritos, mediante un proceso que contó con veeduría internacional. De ganar el Sí en el referéndum de hoy, los magistrados de la Corte Suprema dejarán sus funciones una vez más.

Corte Suprema

2 de octubre de 1984

Una mayoría de centroizquierda en el Congreso reorganiza la Corte Suprema y destituye a la Corte de 1979.  El presidente  León Febres-Cordero no acata la decisión. La Policía Nacional con tanques antimotines impide el ingreso de jueces a la Corte. Funcionan dos cortes. Luego el presidente del Parlamento, Raúl Baca Carbo, y Febres-Cordero acuerdan una nueva CSJ. Se elige a Gonzalo Córdova.

Agosto de 1995
El Congreso llama a juicio político y censura al presidente de la CSJ, Miguel Macías Hurtado (afín al PSC), y a los jueces Jorge Fantoni Camba y Alejandro Bermúdez, por un fallo sobre una demanda contra el IESS. Se nombra  a Carlos Solórzano (afín al PRE) de  presidente.

Octubre de 1997
El Congreso, dirigido por el socialcristiano Heinz Moeller, declara cesante a Solórzano, quien había abierto un juicio penal en contra del mandatario interino, Fabián Alarcón, por el caso de piponazgo en el Congreso cuando fue su presidente. Tras eso, el Parlamento reorganiza la CSJ y designa a los 31 magistrados. En esta elección se incluyen reformas como la condición de vitalicia a la Corte y el sistema de selección interna de jueces.

8 de diciembre del 2004
El Congreso destituye y reemplaza a los 31 jueces, y restituye para sí la potestad de enjuiciar políticamente a la Función Judicial. Ramón Rodríguez es elegido presidente de la CSJ.

13 de enero del 2005
Rodríguez renuncia. Guillermo Castro, ex fiscal del gobierno de Abdalá Bucaram (PRE) asume.

31 de marzo del 2005
Guillermo Castro declara la nulidad de los juicios en contra de Bucaram, Gustavo Noboa y Alberto Dahik, y levanta las órdenes de prisión. Ciudadanos de Quito se declararon en  rebeldía frente a los poderes del Estado. El presidente Lucio Gutiérrez decidió  destituir a los magistrados el 15 de abril. El Congreso declaró cesante a la CSJ y dejó en suspenso la fórmula para designar a los nuevos jueces. Tras la caída de Gutiérrez, pasaron siete meses hasta que un comité eligió a los actuales jueces.

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