Gobierno expulsó ayer a consorcio Odebrecht

El Gobierno decretó emergencia y ordenó requisar bienes de la brasileña por daño en San Francisco.

El presidente Rafael Correa ordenó ayer la militarización de todas las obras a cargo de la constructora brasileña Norberto Odebrecht, la requisición de sus bienes y dispuso la prohibición de salida del país de cuatro funcionarios de la compañía.

Ello, tras fracasar las negociaciones entre el Gobierno y la empresa, por el daño suscitado en la central San Francisco.

Mediante un decreto emitido en Guayaquil, el Jefe de Estado declaró la emergencia nacional para evitar posibles racionamientos a causa de la paralización de la hidroeléctrica y afirmó que con ello Odebrecht estaba fuera del país.

Con una declaratoria de emergencia nacional y la intervención urgente de la hidroeléctrica San Francisco (Tungurahua) y de otras obras a cargo de la empresa brasileña Norberto Odebrecht, el Gobierno dio por terminadas las negociaciones que mantenía con la compañía tras un daño en la central.

El presidente Rafael Correa, quien ayer laboró en Guayaquil, ordenó mediante decreto 1.348 la movilización nacional, económica y militar de las Fuerzas Armadas para la custodia de los bienes e instalaciones de la central y de los proyectos Toachi-Pilatón, Carrizal-Chone, multipropósito Baba y el aeropuerto de Tena; así como la requisición de todos los bienes, muebles e inmuebles de Odebrecht.

Lo último, “con la finalidad de emplearlos para superar la emergencia”, expedida para evitar un “estado de conmoción interna ante la posibilidad de apagones generalizados en territorio nacional”, por la progresiva disminución de eficiencia en la prestación de energía por el daño en San Francisco.

A su salida del Ministerio del Litoral, Correa aseguró que Odebrecht estaba fuera. “Basta de abusos. No vamos a aceptar que ninguna de estas empresas internacionales venga a burlarse del país”, afirmó tras mantener una reunión por más de dos horas con el buró político.

El decreto también dispone la prohibición de salida del  país a cuatro funcionarios de Odebrecht: Fabio Andreani Gandolfo, Fernando Bessa, Luiz Antonio Memri y Eduardo Gedeon.

Desde que San Francisco dejó de operar, el pasado 6 de junio, por fallas geológicas en el túnel y un excesivo desgaste en el rodete de la turbina, el Mandatario ha criticado la celebración de este y otros contratos.

“El consorcio Odebrecht se ha negado irresponsablemente a indemnizar por los perjuicios ocasionados al Estado, con supuestos fundamentos en el cuestionable contrato suscrito antes de este Gobierno con la empresa Hidropastaza (administradora de San Francisco)”, señala el documento.

“Sí, es una expulsión”, afirmó la tarde de ayer el ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Derlis Palacios, quien además anunció que el régimen tomará medidas legales y penales contra la compañía.

Desde Brasil, el vicepresidente de la Odebrecht, Paulo Oliveira, dijo al canal Globo News que se espera una “solución negociada”, mientras el canciller brasileño, Celso Amorim, indicó que esperan discutir el asunto en los próximos días.

Mientras duraron las negociaciones con el Estado, Odebrecht justificó que los equipos de la central enfrentaron problemas por la saturación de los sedimentos en el río Pastaza, los movimientos de las fallas geológicas y la descompresión “natural de rocas”.

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Diálogos fallidos
En las negociaciones entre el Fondo de Solidaridad, propietaria de Hidropastaza (administradora de la central San Francisco), y Odebrecht se hablaba del pago de $ 43 millones como parte de los gastos de reparación de la hidroeléctrica y que también cubrirían el lucro cesante que afectó al Estado. Al final no hubo acuerdo.

En Guayaquil
Ayer en las oficinas de la constructora brasileña, situadas en el edificio Nobis, en Guayaquil, no hubo movimiento hasta la tarde. Nadie dio declaraciones.