El artículo 407 del texto prohíbe la extracción de recursos en parques nacionales.
Desde Viena, donde participó en una reunión con los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el ministro de Energía, Galo Chiriboga, ratificó que si hasta enero del 2009 no se ‘levantan’ los fondos requeridos para mantener el crudo bajo tierra, el régimen explotará el campo ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini), ubicado en el Parque Nacional Yasuní.
Paradójicamente, dicha intención puede tener obstáculos provenientes del proyecto de nueva Constitución que impulsa el presidente Rafael Correa.
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De ganar el Sí en el referéndum del 28 de septiembre, el artículo 407 del texto de Carta Magna prohibirá expresamente la explotación de los recursos naturales no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles.
Sin embargo, este señala una excepción: cuando el mandatario presente una petición fundamentada que debe ser declarada “de interés nacional” por la Asamblea Nacional. Esta, asimismo, tiene la facultad de convocar a una consulta popular.
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Como hasta enero el nuevo Congreso no estará conformado aún, Correa podría presentar ese pedido a la Comisión Legislativa o “Congresillo” previsto en el Régimen de Transición, dice el ex asambleísta de PAIS, Norman Wray.
A más de ese artículo, su coidearia Mónica Chuji, quien fue presidenta de la mesa de Recursos Naturales y Biodiversidad, recuerda que en el apartado de los derechos colectivos se indica que el territorio de los pueblos no contactados o en aislamiento voluntario está vedado a toda actividad extractiva.
La zona del Parque Nacional Yasuní es hogar de los pueblos taromenane y tagaeri.
“Si se explota, no solo que se afectaría la biodiversidad sino que sería un genocidio”, refiere la ex asambleísta, que lamenta que no se haya aprobado el consentimiento previo para las comunidades indígenas.
Luis Corral, miembro de la agrupación Amazonía por la Vida, una de las impulsoras de la iniciativa Yasuní-ITT, dice que si Correa inicia el proceso de extracción del recurso estaría “traicionando” su palabra.
De ahí que los grupos ecologistas podrían pedir la revocatoria de su mandato, figura que también está en el texto que se redactó en Ciudad Alfaro.
Wray comenta que si el régimen decide, finalmente, explotar el crudo de la zona, “hay todo un andamiaje constitucional de protección para no alterar de manera fatal el ecosistema”.
El asambleísta se refiere a todo el apartado de los derechos de la Naturaleza (del artículo 71 al 74) y de la Biodiversidad y Recursos Naturales dentro del Buen Vivir (del 395 al 415).
Proyecto
Ecuador calcula que si extrajera el crudo que hay en el Parque Yasuní obtendría beneficios anuales por $ 700 millones. Lo que propone es que la comunidad internacional aporte la mitad.
De gira
El ex canciller de Ecuador, Francisco Carrión, representante personal del presidente Rafael Correa, está de gira por Europa para obtener fondos. El Parlamento alemán ya comprometió su respaldo.