Los cantones 24 de Mayo, Santa Ana y Olmedo están entre los violentos de la zona rural.

En la  noche del pasado  19 de abril, el sonido de las ráfagas de bala  indicó a los moradores del centro de Santa Ana que se registraba otro crimen. Sucedió.

La víctima, identificada como Rubén Zambrano Zamora, de 22 años, cayó sobre una hamaca dentro de la farmacia Marianita, al recibir nueve balazos.

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Un individuo que  escondía su rostro bajo una visera  e iba a bordo de un carro cuatro puertas, concho de vino, se acercó al local y descargó los tiros.

Los familiares y amigos del asesinado se niegan a hablar sobre el tema, pero algunos habitantes de la zona donde ocurrió el crimen sostienen que el joven andaba en “malos pasos”.

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Así, Zambrano engrosa el listado de personas que en Manabí son asesinadas por supuestos ajustes de cuentas, venganzas, riñas entre familias o disputas entre bandas por mal reparto, entre otras causas.

Algunos de estos crímenes los ejecutan personas que se dedican a asesinar por encargo, algo conocido en el sector como sicarios, aunque la Policía y Fiscalía rechazan la utilización de este término, debido a que no existe ninguna denuncia al respecto, según indican.

Solo en los cantones 24 de Mayo, Santa Ana y Olmedo, situados hacia el este de Manabí, ya se registran  22 muertes en lo que va de este año.

Para David Velasteguí, jefe de Policía que tiene sede  en Santa Ana, el refrán “ojo por ojo y diente por diente”, que se deriva de la  ley del talión,   se aplica casi a la perfección en esos sectores de Manabí, donde  en esta semana aparecieron cuatro personas acribilladas.

Y de ello da fe lo ocurrido el 30 de agosto pasado en la parroquia rural de La Unión, donde fueron asesinados Diocles Fernández Rivas y Benito Quiroz Cevallos, mientras disfrutaban de un baile.

“Por el relato que hemos escuchado de vecinos del sector y la ciudadanía, uno de esos dos asesinados habría cometido un crimen años atrás, y justo en esa fiesta estaba un pariente de ese fallecido, por lo que tomó venganza”, dijo Velasteguí, quien considera que a partir de este hecho se estaría generando una ola de asesinatos, como parte de un ajuste de cuentas.

El oficial de Policía justifica que por esas muertes no se presentaron denuncias en contra de los posibles responsables, lo que sustenta su creencia.

Gabriel Álava, habitante del recinto rural Sasay, de Santa Ana, recuerda que durante el 2005 acontecieron unos doce asesinatos por ajustes de cuentas, todas ligadas a la venganza política que se generó después de que Fernando Cedeño ganó la  elección para liderar el Municipio.

Cedeño, actual alcalde de Santa Ana, obtuvo el cargo en vez de su antecesor, Ramón Mieles, quien ocupó esa función por ocho años y buscaba la reelección.

“Esas muertes se registraron por bandos que se autoproclamaron defensores de cada uno de estos grupos políticos... Creo que el alcalde Cedeño desconocía que a sus espaldas se estaban matando”, reveló Sasay.

Cedeño ratificó que se dieron algunos hechos de sangre una vez que asumió la Alcaldía del cantón Santa Ana y que incluso en alguna ocasión se lo trató de vincular en estas acciones delictivas, pero rechazó todo tipo de insinuaciones.

Lo que sí confirmó es que en algunas ocasiones varias personas se le acercaron a ofrecer servicios de seguridad.

“Yo de plano rechacé esas ofertas porque yo jamás le haría daño al prójimo y no considero entre mis propuestas contar con guardianía personal, ya que mi único guardián es Dios”, sentenció Cedeño.

Con un programa de seguridad que incluye la construcción de cuarteles policiales en la cabecera cantonal y en las zonas rurales de Manabí, hoy se busca reducir el número de crímenes que se registran en esta zona de Manabí.

Investigaciones
La muerte de cuatro personas registrada  la noche del pasado miércoles  en la parroquia La Unión, de Santa Ana (Manabí), aún no es esclarecida por la Policía.

Antecedentes
Geovanny Arcentales Toala, uno de los asesinados en la parroquia La Unión y supuesto integrante de la banda Los Cholos, tenía antecedentes por robo de motores. Así lo afirmó la Policía cuando emitió un informe en el 2006.