Un juez colombiano, Eduardo Montealegre Lynett, negó la existencia de la tortura en Colombia en el proceso actualmente celebrado en Dinamarca contra siete daneses juzgados por haber vendido camisetas a favor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La fiscalía anuló este jueves por la noche la comparecencia de Lynett después de que los jueces del tribunal de apelación rechazasen las pruebas aportadas desde Colombia sobre 13 veredictos de personas relacionadas con la guerrilla de las FARC, por no poder excluir que esas confesiones hubieran sido obtenidas mediante tortura.

Sin embargo, el viernes por la mañana, la fiscalía cambió de opinión y decidió finalmente admitir el testimonio del ex presidente del Tribunal Constitucional de Colombia.

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Así, durante dos horas, Lynett declaró mediante un intérprete que "Colombia es un Estado de derecho" y que su país "posee una Constitución ejemplar".

Interrogado por la defensa, el magistrado afirmó ignorar "toda práctica de la tortura que es ilegal", al tiempo que subrayó que "el Estado colombiano garantiza los derechos de los ciudadanos" y recordó "que la pena de muerte no existe" en Colombia.

Sin embargo, admitió que el Estado colombiano reconoció su parte de responsabilidad en ciertos asuntos como las masacres de La Rochela en 2007, en las que 12 miembros de una comisión de funcionarios judiciales murieron a manos de un grupo paramilitar.

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"Es paradójico que ese testigo pretenda que Colombia es un Estado de derecho y reconozca al mismo tiempo que trató varios casos donde el Estado colombiano fue reconocido culpable de asesinato", declaró a la AFP Michael Schoelardt, uno de los inculpados, fundador de la empresa de camisetas "Fighters+Lovers".

"No es creíble", consideró al señalar que los jueces del Tribunal de Apelación terminarán por "absolverle junto con sus camaradas".

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Los inculpados fueron absueltos en diciembre de 2007 por el tribunal de primera instancia de Copenhague.

La ministra de Justicia, Lene Espersen, que toma la decisión personalmente sobre si inculpar o no a personas acusadas de terrorismo, apeló ese veredicto.

"Pero la acusación no aportó nada nuevo para confundirnos", según Schoelardt.

El veredicto está previsto para el 11 de septiembre.

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