Al menos medio docenas de empresas venezolanas y tres transnacionales que surtían gasolina a estaciones de servicio serán estatizadas por una ley que aprobó el jueves la Asamblea Nacional, según la cual el gobierno controlará ese negocio y el transporte de combustibles.

El congreso, conformado en su mayoría por aliados del gobierno, aprobó la ley que declara de utilidad pública la intermediación de gasolina y ordena a los mayoristas de combustible negociar en 60 días un acuerdo para la nacionalización de las empresas.

Las empresas que serán afectadas por la nueva ley son: la inglesa British Petroleum, las estadounidenses Exxon Mobil y Chevron-Texaco y los grupos locales Llano Petrol, Trébol, La Petrolea, Combustibles de Monagas, Petro Canarias, Delta Petrol.

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Estas compañías le compraban combustibles a la estatal Petroles de Venezuela S.A. y lo vendían a gasolineras.

La ley aprobada prevé que de no llegarse a un arreglo al vencer el plazo de negociación, el gobierno podrá realizar la  adquisición de los activos de las intermediarias por medio de un decreto de expropiación.

La nueva ley establece que el Estado se reserva también  las actividades de transporte terrestre, acuático y de cabotaje de combustible líquidos y se da potestad al gobierno para asumir las empresas transportistas solo cuando  desarrollen concentraciones de mercado.

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El diputado oficialista Angel Rodríguez dijo a la prensa que la corporación estatal PDVSA tiene previsto asumir el  60% de transporte de combustibles y dejar en manos de privadas el resto del negocio.

Rodríguez consideró que la ley redundará en  un mejor servicio en las estaciones de gasolina.

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El diputado opositor, Juan José Molina, dijo que la nueva regulación  confisca a través de ley las posibilidades de hombres y mujeres que desarrollen la actividad de transporte de combustible.

Las principales mayoristas del sector son Trebol que controla 17% del mercado, y Llano Petrol maneja 9% del negocio. British Petroleum tiene una participación de 7%, Exxon Mobil 5% y ChevronTexaco 3%. PDVSA maneja 49% la actividad de intermediación de combustibles.

La ley prevé que los grupos extranjeros y locales deberán vender a PDVSA los surtidores de gasolina, bombas sumergibles y tanques que han instalado en las estaciones de servicio a las que abastecían, mismas que operaban con la marcha acordada con el proveedor.

La nueva normativa dispone que las 1.854 estaciones de combustible del país con distintas marcas pasarán a nombre de la corporación estatal. PDVSA cuenta en la actualidad con unas 600 estaciones de gasolina y el resto --un 67%-- está en mano de inversionistas privados locales.

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PDVSA tiene planeado invertir 700 millones de bolívares fuertes (unos 325,5 millones de dólares) para adquirir 60% de la flota de transporte de gasolina, que representan 1.200 unidades, según informó en la víspera el diputado oficialista Angel Rodríguez.