Para Contraloría y TSE las expresiones del presidente no pueden ser cuantificadas.
El contralor Carlos Pólit y el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Acosta, ratificaron ayer que el primer mandatario, Rafael Correa, no está sometido al control de gasto electoral, tanto por sus movilizaciones a diversas regiones del país como por sus expresiones de respaldo al Sí en el referéndum del próximo 28 de septiembre.
Ambas autoridades sostuvieron que las palabras del mandatario, que emite en sus enlaces radiales o en actos públicos, no pueden ser cuantificadas como si fueran financiadas con fondos públicos, pues -a juicio de ambos- no implican ningún costo para el fisco.
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Pólit indicó que el mandatario, por seguridad y por disposición legal, puede y debe movilizarse donde crea conveniente acompañado de su personal de seguridad y en los respectivos vehículos oficiales, haya o no campañas electorales.
Según el juez de cuentas del Estado, “nadie puede cerrarle la boca al Presidente”.
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Además, señaló que, en medio de un proceso electoral, el TSE es quien puede calificar -basado a su propia Ley- las anomalías que ocurriesen, aunque afirmó, al mismo tiempo, que a la Contraloría le corresponde velar por el buen uso de los bienes públicos.
Pólit advirtió, no obstante, que los funcionarios públicos que utilicen los bienes y recursos del Estado (autos e infraestructura) en la campaña electoral pueden ser destituidos.
Para que se cumpla esta disposición, ayer se reunió con auditores del Gobierno central en todo el país. La orden fue impartida y la evaluación se efectuará una vez terminado el proceso electoral.
El presidente del TSE, Jorge Acosta, indicó -luego de la rueda de prensa del contralor- que hasta el momento no hay causales para dictar sanciones al Ejecutivo en virtud de que, para él, no hay documentos que determinen que el gobierno está haciendo campaña con la frase "vote Sí”.
Por tanto, dijo Acosta, el TSE no impedirá el uso de la imagen de Correa en los actos proselitistas que organiza PAÍS a favor de la aprobación del proyecto de Constitución.
“Si el presidente les autoriza (a usar su imagen, a PAIS) es su problema”, dijo Acosta.
René Maugé, vicepresidente del Tribunal, justificó el proselitismo del mandatario, pues a su criterio es un militante de Alianza PAIS que tiene el derecho de expresar sus preferencias. Lo único que está prohibido, agregó, es el uso de fondos públicos.
La Unidad del Gasto y Propaganda Electoral del TSE continúa con el monitoreo “informal” de los gastos de campaña anticipada por el Sí y por el No. Según Acosta, este seguimiento se lo está haciendo desde hace unos tres meses.
Un alto funcionario del organismo dijo que aunque ya se han realizado algunas verificaciones -por ejemplo, las vallas del candidato a alcalde de Quito Antonio Ricaurte- aún no se han establecido sanciones, multas ni responsabilidades.
A fines de julio, el TSE dispuso a los representantes legales de las empresas privadas que hacen vallas, que no acepten la publicidad de candidatos a autoridades seccionales.
Auditores
Entre 800 y 900 auditores públicos –de las instituciones estatales y de la Contraloría– se encargarán de controlar el uso de fondos públicos durante la campaña. Utilizarán cámaras de video para verificar que no se utilicen los bienes del Estado.
Empresarios
El presidente del Consejo Nacional de Cámaras, Patricio Donoso, acudirá hoy al TSE para pedir que no se incluya el Régimen de Transición en el Referéndum del 28 de septiembre próximo.