Antes de referirme a tres artículos de opinión publicados en este Diario, quiero dejar en claro que he aceptado la grave responsabilidad de administrar temporalmente varios medios de comunicación, labor que estoy desempeñando como profesional, no como político; no estoy afiliado a partido o movimiento alguno.
Mi misión es preservar, y si es posible, incrementar el valor de dichas empresas. Para ello es fundamental mantenerlas operativas, lo que se ha logrado gracias a la colaboración del personal que en ellas labora.
Me refiero ahora al artículo del columnista Emilio Palacio, quien me endilga la frase: “los periodistas de opinión no pueden opinar porque no saben lo que dicen”. Solicito al señor Palacio que verifique mis expresiones en la grabación clandestina, incompleta, y que de forma ilegal se levantó a YouTube, para que compruebe que yo jamás me he expresado así. Quiero pensar que se trata de un error de transcripción y no de una tergiversación de mis palabras.
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En otro artículo del mismo día, Manuel Ignacio Gómez Lecaro, con su poco conocimiento de la realidad de los medios de comunicación en el Ecuador y el mundo, no entiende el proceso de evaluación permanente que requiere la pantalla de un canal de televisión. Los conocidos “post mórtem” que se realizan luego de la emisión de los noticieros, son reuniones de evaluación y crítica del contenido de los mismos. Pero las discusiones no son solo posteriores sino previas, como seguramente las hace el editor de este Diario, previo a la impresión de los distintos contenidos que se publican.
Parecería que Gómez ignora que los administradores de los medios de comunicación, aunque en mi caso, se trate de una administración temporal, somos responsables moral y legalmente de lo que se transmite en la pantalla. Con una actitud profesional, por el respeto que los televidentes se merecen, creo que lo más prudente es no involucrarlos en el conflicto entre la AGD y los anteriores accionistas de estos medios. Además, no considero que un programa de entretenimiento deba tener cargas negativas; no considero que un programa de economía deba tratar preferentemente asuntos legales.
Bajo el punto de vista de Gómez Lecaro, habría que declarar inamovibles los criterios de un animador de un programa de cocina, tecnología o astrología.
Gómez Lecaro también infiere que amenacé al personal de TC porque “aquí no se critica al Gobierno”. No creo que se pueda llegar a esa conclusión en base a una grabación incompleta e ilegal de una reunión, en la que Gómez no estuvo presente, y peor aún pensar que a través de este tipo de filmaciones se pueda descubrir la verdad.
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Mi frase “pueden acercarse al departamento de personal si lo desean y presentar su renuncia”, la dije después de que algunos empleados de TC me gritaron que me vaya, que renuncie.
Mi mensaje fue claro, no obligo a nadie a que trabaje bajo la actual administración temporal, el que no quiera trabajar conmigo está en todo su derecho de renunciar.
Sobre el editorial publicado en este Diario titulado ‘Censura’, quiero expresar que salvo mi actuación en los dos casos anteriormente aclarados (ambos programas de bajo rating), no ha existido intervención alguna de la actual administración temporal, en ninguno de los siete medios de comunicación a mi cargo, que pueda considerarse intento de coartar la libertad de expresión.
Finalmente quiero rechazar el uso de internet y de grabaciones incompletas e ilegales como medio de difamación, ya que así como existe el derecho a la libertad de opinión y expresión del pensamiento (artículo 23, Nº 9, de la Constitución vigente), en el mismo artículo 23 en el numeral anterior, el 8, se consagra el derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar. Además, se declara que la ley protegerá el nombre, la imagen y la voz de la persona.
Enrique Arosemena Robles,
Guayaquil