No todos los reos presos por narcotráfico pueden acceder al beneficio del indulto. Solo el 6% de la población carcelaria del país, que equivale a 1.200 reos, se beneficiará del del indulto (perdón) que aprobó el viernes pasado la Asamblea Nacional.
La medida implica liberar a los reos por llevar en su organismo hasta dos kilos de droga, o menos. Los beneficiados deberán haber sido sentenciados hasta la fecha en que la resolución se publique en el Registro Oficial.
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Esa cantidad de reos cumplen los requerimientos establecidos en la resolución aprobada, según cálculos de la mesa 10 de Legislación y de Fiscalización, de la Asamblea.
El indulto solo se aplicará a los detenidos que tengan sentencia hasta el día que se publique la resolución aprobada con 76 votos en el Registro Oficial, algo que ocurrirá hasta hoy según la asambleísta Rossana Alvarado (PAIS), una de las promotoras de la iniciativa.
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Por lo que, los reos considerados como mulas detenidos sin sentencia, o las futuras personas que sean llevadas a prisión por ese delito, no podrán beneficiarse de esa resolución.
Alvarado apunta a que se debe derogar la Ley de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes como punto de partida para que se inicie la reestructuración del sistema de rehabilitación social. “La idea es que después de esta derogatoria, los delitos relacionados con el narcotráfico sean tipificados en un capítulo que se adherirá al Código de Procedimiento Penal”, dijo la asambleísta.
Mientras, el Ministerio de Justicia ya elabora la reforma para que sea analizada por los que integren la próxima Función Legislativa.
Sin embargo, Alvarado considera que previo a la derogatoria, el Ejecutivo debe culminar el proyecto de reforma. “Para rehabilitar al sistema penitenciario se requiere como primer paso reducir el hacinamiento. Medidas como el indulto a las mulas del narcotráfico son una aportación, pero el problema es que mientras el marco jurídico siga vigente, las cárceles seguirán llenándose”, aseveró.
El nivel de hacinamiento en las 38 cárceles registradas en el sistema nacional de rehabilitación social es alto. Allí hay alrededor de 17.500 personas detenidas cuando la capacidad máxima del sistema es de 6.500, por lo que existe una sobrepoblación, según los cálculos, tres veces de lo que el sistema puede albergar.
Delegados del Ministerio de Justicia se encargarán de hacerle seguimiento a la aplicación de la resolución por parte de los jueces penales.
El 60% de los que se beneficiarán de este indulto son mujeres. La mayoría de ellas guardan prisión en la cárcel El Inca, en la ciudad de Quito.
Por su parte, el asambleísta Mauro Andino (PAIS) considera que la reforma al Código de Procedimiento Penal debe apuntar a la unificación de criterios al establecer sanciones por delitos determinados.
“No puede ser que llevar droga tenga una sentencia de hasta 16 años, mientras que hay personas que por asesinatos son sentenciados a 12”, criticó.
Aunque la reestructuración del sistema de rehabilitación social es parte de un proyecto a largo plazo, según admiten los asambleístas oficialistas, por el momento se establecerá como una de las disposiciones transitorias de la nueva Carta Magna, un plazo que aún debe discutirse para que se expida el ordenamiento legal para aplicar de forma inmediata el mecanismo de la oralidad en todas las instancias de los procesos. “Eso garantizará agilidad en los trámites con lo que los fallos fluirán más rápido”, dijo Andino.
Requisitos
Los detenidos por llevar droga en su organismo, sentenciados por llevar hasta dos kilos de peso neto de sustancias ilícitas, y que no sean reincidentes, podrán beneficiarse del indulto.
Procedimiento
Los jueces penales deberán analizar los casos para determinar la excarcelación de los beneficiados.
Rossana Alvarado
Asambleísta de PAIS
“El indulto es solo una aportación momentánea para reducir el hacinamiento, pero se requiere de una reforma integral”.
Alberto Acosta
Ex presidente de la Asamblea
“Me parece demasiado que se les indulte a los que llevan hasta dos kilos. No son mulas”.