El reconocimiento como una Región Especial exigen los 6 asambleístas que velan por este grupo.

Miles de ecuatorianos en el exterior no solo tendrán la posibilidad de elegir a sus representantes en el país, sino que también podrían ser elegidos para todas las dignidades a excepción de la de asambleístas provinciales, según establecen los textos constitucionales que se debaten en la Constituyente.

En la nueva Carta Magna los derechos y la participación de los emigrantes ecuatorianos se amplían en los ámbitos social, político, laboral y hasta de control. El tema ha sido debatido y aprobado de manera transversal en las nueve mesas constituyentes de la Asamblea.

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La mesa 1 de Derechos Fundamentales reconoció dentro de los Derechos Políticos el voto facultativo para los ecuatorianos en el exterior, bajo la premisa de que nadie podrá ser discriminado por su condición migratoria. Pero Linda Machuca (PAIS), por EE.UU., y Gabriela Quezada (PAIS), por América Latina, pidieron que también se incluya el derecho a migrar.

La mesa 2 de Participación Ciudadana promulgó la capacidad de los emigrantes de votar para la mayoría de dignidades de elección popular, así como de solicitar consultas populares para resolver asuntos de su interés, contando con el 5% de las firmas en el padrón electoral de su jurisdicción.

Para la defensa de los derechos habrá un Defensor del Pueblo con jurisdicción nacional, que incluye embajadas y consulados del Ecuador en el exterior. El derecho al sufragio se haría posible con el registro en los padrones de los ecuatorianos en el extranjero a cargo del nuevo Tribunal de lo Contencioso Electoral.

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Dentro de los artículos sobre la Función Legislativa, la mesa 3 de Estructura del Estado reconoce para los emigrantes un espacio fijo en el órgano principal de la Función Legislativa; esto es el Congreso o Asamblea Nacional (ver recuadro).

En la mesa 4 de Ordenamiento Territorial los asambleístas migrantes piden el reconocimiento de los ecuatorianos residentes en el exterior como una Región Especial. Édison Narváez (PAIS), asambleísta por Europa, expresó que en la propuesta inicial “se olvidaron de los migrantes”.

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La acogida de la propuesta les garantizaría el ejercicio de sus derechos, a través de las políticas públicas y en la planificación de su desarrollo integral.

Según los artículos de la mesa 6 sobre el Trabajo, el Estado velará por el respeto de los derechos laborales de los ecuatorianos en el extranjero. Promoverá convenios y acuerdos con otros países para la regularización de los trabajadores.

La mesa 9 de Soberanía propugnó el principio de ciudadanía universal, así como la libre movilidad de todos los habitantes del planeta que va en la línea de ratificar la no existencia de “seres humanos ilegales” en ninguna parte del mundo.

También de exigir el respeto de los derechos humanos de los emigrantes a través de la suscripción de tratados y otros instrumentos internacionales.

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A esto se suma un mandato constituyente de elecciones, anunciado ya por Fernando Cordero, vicepresidente de la Asamblea (PAIS), para que los ecuatorianos en el extranjero puedan sufragar en el referéndum aprobatorio de la nueva Constitución.

Mercedes Panta (PAIS), asambleísta por Europa, señaló que en el articulado no solo se están preocupando de los derechos de los ecuatorianos en el exterior, sino también de los extranjeros que habitan en el Ecuador, para que no sean víctimas de discriminación y maltrato, como los compatriotas lo han sido en otros países.