Una comisión integrada por los asambleístas Tania Hermida y Pilar Núñez (PAIS) y sus equipos de asesores, fue encargada de elaborar una propuesta de artículos para el título que se denominará “De la cultura, la memoria y la comunicación”.
En ese paquete se analizará la creación de un Sistema Nacional de Cultura y Comunicación cuya función sería, entre otras, establecer cuotas mínimas de contenidos educativos, culturales e informativos que se pondrán al alcance del público, según comentó uno de los miembros del grupo.
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La implementación de esas políticas estará a cargo del Ministerio de Cultura y, si se crea, el de Información.
No está prevista la eliminación del Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel), encargado de la adjudicación de las frecuencias.
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Núñez había presentado una propuesta personal en la que planteaba la creación de un Sistema Nacional de Comunicación cuya rectoría estaría a cargo del Estado a través de un “Consejo Nacional de Comunicación Social”.
Este debía, entre otras funciones, “controlar el contenido de la publicidad y los mensajes que induzcan a la violencia, el racismo, la toxicomanía, el sexismo y todo cuanto afecte a los derechos fundamentales”.
La propuesta creaba, asimismo, un órgano autónomo encargado de “regular las instituciones públicas y privadas de comunicación, el uso del espectro electromagnético y las tecnologías de información”.
Dicho planteamiento no fue tratado ni aprobado por el bloque de PAIS.
Trascendió que en el almuerzo que el presidente de la República, Rafael Correa, tuvo el jueves con algunos de los asambleístas, les solicitó que no se hablara más del tema.
Los textos serán sometidos a debate dentro de la mesa 2 de Participación Ciudadana y Sistemas de Representación; y luego serán entregados a la mesa 7 de Régimen de Desarrollo para que los incluya en el capítulo relacionado al Buen Vivir.
En tanto, el Comité Coordinador Global de Organizaciones de Libertad de Prensa adoptó, durante una reunión en Serbia el pasado martes, una resolución en la que llama a la Asamblea a asegurar el respeto a la libertad de expresión.
La resolución señala que los textos propuestos por la Constituyente atentan contra la libertad de expresión, violan los principios establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instrumentos todos reconocidos por el Estado del Ecuador.
De ahí que apelan a la Constituyente “para que aseguren que la nueva Constitución mantenga el firme respeto a la libertad de expresión que con tanto celo han defendido siempre los ecuatorianos”.
Comité Global de Prensa
Comunicado
“El proyecto pretende consagrar el control estatal de la información y la programación de los medios de comunicación, doctrina no admitida por la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información”.